Cinco estallidos, un acuerdo
Varios estallidos simultáneos produjeron la enorme explosión que sorprendió a Chile. Se conectaron unos a otros no sólo por obedecer a factores relacionados, sino también porque se retroalimentaron y se proveyeron mutuamente de una caja de resonancia. Temas distintos pero conectados, lo que es muy importante para elaborar una agenda de acción sobre los factores determinantes de las acciones que el país ha presenciado, con un gobierno realmente ausente y un Parlamento embelesado en la discusión de una Asamblea Constituyente entregada al libre albedrío de los partidos políticos. El primer y más fundamental estallido fue el de tipo social, derivado de la situación de los ingresos de la población, especialmente de los pensionados, cuyo nivel es intolerable en un país cuya tarjeta de presentación habla de desarrollo, crecimiento, estabilidad y solidez económica. En esta dimensión también se incluyó el olvido de las políticas públicas orientadas a los más pobres y la clase medio, especialmente en educación y salud. Pero un segundo estallido se relaciona con la ética y las indignas prácticas que ha venido validando nuestra sociedad. La gente protestó porque percibe la existencia de un tipo de justicia para “ricos” y otra para “pobres”; es decir, mientras las colusiones de empresas y la transmisión de dinero de las empresas a la política merecía “cursos de ética”, al mediano o pequeño empresario se le aplica todo el rigor de la ley ante una falta tributaria, o si aquél otro se apropia de lo ajeno para poder comer. Pero aún hay un tercer estallido que se confunde con los demás, relativo a los privilegios que ostenta nuestra clase política que, como curiosa contrapartida, se mantiene en una aparente burbuja, lejos de los problemas que afligen a la gente y que han sido persistentemente señalados. Parlamentarios con remuneraciones fuera de la realidad del país y que además obtienen privilegiadas asignaciones para financiar incluso el traslado al lugar de trabajo o contar con innumerables asesorías y apoyos hasta para financiar el automóvil y viajes fuera del contexto de su responsabilidad parlamentaria. Todo lo anterior se unió, además, a un cuarto estallido referido al rol de la delincuencia, el narcotráfico y el anarquismo en las protestas, que se manifestó en estos días aciagos y que continúa accionando en las calles sembrando destrucción y caos.
Toda esta simultánea conjunción de cuatro estallidos: social, ético, político y delincuencial, se unió en la calle de una manera no necesariamente concertada, aunque sí orquestada por la izquierda no democrática. Todo nos ha traído hasta este punto de desolación en que nos encontramos, y que nos pone frente a todavía un estallido que se aproxima como nefasta secuela de los estallidos anteriormente descritos: el estallido económico. Por cierto sufriremos la consecuencia de toda esta estela de protesta y destrucción, y nos traerá mayor desempleo, menor crecimiento e inversión y gran perjuicio para las empresas medianas y pequeñas, especialmente. Ya vendrán nuevas protestas, que serán también incentivadas precisamente por quienes auspiciaron la violencia y la destrucción, haciéndola pasar ahora por legítima protesta frente a lo que atribuirán como resultados del modelo o del sistema.
Un programa de gobierno frente a estos cinco estallidos y sus efectos colaterales, debiera separar los temas envueltos y enfocarse con eficacia en sus detonantes principales. El estallido social debe manejarse con más recursos y mejores políticas que promuevan elevar los ingresos del trabajo y las pensiones, quizás fortaleciendo una mayor productividad laboral en el primer caso. El estallido ético debe acometerse corrigiendo la torcida aplicación de la justicia y del sistema administrativo, para que todos paguen las consecuencias de sus actos. Estos dos aspectos están siendo atendidos por medio de las iniciativas de gobierno. Sin embargo, los privilegios de la clase política que subyacen al tercer estallido, deben enfrentarse recortando verdaderamente los ingresos de los parlamentarios reduciendo el número de los mismos, para así llevarlo a un nivel de realismo, exigiendo, a la vez, un compromiso político en torno a partidos y alianzas, y su rol efectivo como conductores y centros de pensamiento para el país. El estallido delictual debe enfrentarse con más y mejor policías, protegiendo el bien común y separando efectivamente la protesta legítima y ciudadana de los actos terroristas y vandálicos que el país ha presenciado.
Para que Chile se pacifique sobre la base de estas acciones y nuevas orientaciones de política, ciertamente se requerirá un gobierno de unidad nacional, que pueda además echar las bases para un programa de recuperación económica. Nuevas políticas y un acuerdo sustantivo de gobierno por parte de la clase política, podrán aislar al terrorismo, la delincuencia y la acción de grupos anárquicos y extremistas. Si no hay un gobierno de unidad nacional que propicie el encuentro sobre la base de una plataforma programática, no será factible superar los factores determinantes de los sucesivos estallidos, como asimismo la crisis económica resultante. La buena marcha de la economía requerirá un país en paz, reencontrado sobre la base de superar las fuentes de los estallidos que tanto nos sorprendieron. Este es el gran reto que los políticos, el gobierno y la oposición, debieran estar discutiendo en estos días cruciales para Chile.
Prof. Luis A. Riveros
