​La necesidad de discutir en serio por que votar que no a la Nueva Constitución.

Mucha gente está optimista con la forma en que se está comenzado a resolver la crisis social que ha estallado el último mes en Chile. Se ha señalado que al fin se ve la salida al “modelo neoliberal” imperante en nuestro país. Pero la verdad sea dicha es que desde hace seis años que Chile cambio dicho modelo a favor de uno más bien populista (se elevó la carga tributaria, se acabaron los incentivos tributarios a la reinversión; se estableció la huelga indefinida; se eliminó el lucro de la educación superior, etc.). Los modelos populistas se caracterizan por señalar que se centran en políticas redistributivas, pero en realidad lo que buscan en el asirse férreamente con el poder (eso explica la fuerte contratación de funcionarios públicos al término del gobierno de Bachelet). Para ello basta con ver lo que ha pasado en Argentina, Ecuador y Venezuela. No podemos dejar de lado de nuestro análisis que al finalizar el primer gobierno de Piñera el crecimiento potencial del país era un 5%, y durante los 4 años del gobierno de Bachelet y los 2 primeros años del Presidente Piñera el crecimiento ha sido de aproximadamente un 2% (el Congreso con mayoría de los sectores “populistas” ha impulsado desde el 2014 a la fecha fundamentalmente leyes anti-mercado). Así las cosas, precisamente a raíz de las políticas populistas -desarrolladas en el gobierno de Bachelet-, el país registra un magro crecimiento durante los últimos 6 años. Cómo el lector apreciará 6 años no es poco tiempo. Una economía capitalista, como la chilena, sólo es sostenible a tasas de crecimiento sobre el 5%. Precisamente la promesa incumplida del Presidente Piñera, por el veto de la izquierda, fue el retomar la senda del crecimiento. Ante el estancamiento de las reformas una parte del país ha caído en el engaño populista, de creer que Chile es un país extremadamente desigual (tienen GINI peor que Chile: Brasil, Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica y Guatemala). El posible malestar de la población –en torno a que no le alcanza lo que gana para vivir- tiene mucho que ver con las políticas aprobadas los últimos años, que con el fenecido modelo capitalista post segundo gobierno de Bachelet. Esto explica de mucho mejor manera el malestar de la población, que ve como su futuro se ha comenzado a diluir. Por ello es que será un error de proporciones profundizar el modelo “neo-populista”, que se está comenzando a imponer sin un mayor análisis. Nótese que el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) y parte del Partido Socialista (PS) nos tienen convencidos qué el real problema del país es la desigualdad y que ello se soluciona con un “cambio de modelo”.

El Acuerdo sobre una eventual nueva constitucional, logrado mediante la amenaza de la fuerza, profundizará el problema social. Y en este sentido la izquierda, y los medios de comunicación que los alimentan, ha sido muy hábil porque en realidad el gobierno de Bachelet tiene mucho que ver con la sensación de precariedad social que ha alegado parte de la ciudadanía. A ello se suma el que el Estado como elaborador y ejecutor de las políticas sociales no ha estado a la altura de las circunstancias. Fíjese en la ironía, el Estado en las tres grandes reformas sociales impulsadas los últimos años ha fracasado: transantiago, reformas a las cárceles y reforma universitaria; pero la solución que se proponen, desde los sectores populistas, es más Estado. Por eso, de una forma sensata, muchos economistas han estado proponiendo previamente al desarrollo de las políticas sociales una importante reforma al Estado (que exige la salida de la administración de una pléyade de operadores políticos).

En este contexto el plebiscito sobre la nueva constitución, aunque se vea como la moneda a pagar por “paz social”, -como si el fenómeno de destrucción violenta del país no pudiese repetirse en cualquier momento-, merece una discusión en serio sobre la conveniencia de votar que “NO”. Ante ello es necesario establecer claramente los mínimos que deben respetarse a nivel constitucional, dada nuestra experiencia reciente. A ello se suman dos temas fundamentales como lo son el impulsar una fuerte modificación del Estado, y lograr aumentar la participación ciudadana en los partidos políticos. Esto último es fundamental para reconducir la discusión democrática en los partidos políticos y no en la calle, mediante la quema de supermercados, farmacias y bombas de bencina.

Rodrigo Barcia Lehmann.

Prof. Dr. en Derecho y Magister en Economía.