Cuestiones improcedentes

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Patricio Herman (columnista)Leímos en el diario La Tercera del domingo 04/08/19 la carta "Un conflictivo informe" firmada por Patricio Gross, Javiera García y Francesco di Girolamo, denunciando que un abogado que se desempeña actualmente como abogado integrante de la Corte Suprema y ex ministro titular de la misma instancia judicial, haya elaborado un Informe en Derecho a favor de una inmobiliaria que obtuvo un permiso de edificación cuestionado por los vecinos del barrio Américo Vespucio Sur y Renato Sánchez, comuna de Las Condes, ello pues el caso deberá ser resuelto por la misma Corte Suprema.

El letrado de marras se llama Pedro Pierry, por el cual tenemos la mejor opinión no solo por su impecable trayectoria judicial sino como ex abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien, en esa condición, en el año 1993 emitió un contundente informe legal a favor del Decreto Supremo del Consejo de Monumentos Nacionales, firmado en aquella época por Jorge Arrate en su calidad de Ministro de Educación, que declaraba Santuario de la Naturaleza 50 hectáreas de las dunas de Concón. A pesar del sólido informe de Pierry, las autoridades administrativas de entonces sucumbieron ante las efectivas presiones de los lobbistasque cautelaban los intereses de los dueños de esas dunas.

Apoyamos en todas sus partes la denuncia de Gross, García y di Girolamo y estimamos que en esta ocasión Pierry cometió una imprudencia de marca mayor y será la Tercera Sala de la Corte Suprema la que tendrá que evaluar su pertinencia a la luz de los documentos que obran en su poder.

Ya que estamos hablando de situaciones improcedentes, no podemos omitir la trampa que desea implementar el actual gobierno, exactamente el Ministerio de Economía, a través de su oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que opera formalmente como una Secretaría Ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables (sic), creado el 14 de mayo del año 2018 según Decreto Supremo Nº 99. Este Comité, vulgar grupito de funcionarios públicos expertos en interpretar las legislaciones, está integrado por los Subsecretarios de las carteras de Economía, Defensa, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Minería, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente y Cultura.

En el ámbito de la Cultura accionó con singular maestría ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que este servicio de la Administración del Estado dejara sin efecto la declaratoria que tomó el año 2017 para que 2 edificios y un terreno con una superficie de 4.300 m2 del otrora Conjunto Habitacional Villa San Luis que contemplaba 1.000 viviendas sociales de verdad, quedara en nada para beneficiar un mega proyecto inmobiliario de un astuto privado dueño del predio.

La Villa San Luis, localizada enfrente del Parque Araucano, comuna de Las Condes, que en un tiempo se llamó Población Carlos Cortés, en reconocimiento del fallecido obrero de la construcción que ejerció el cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo bajo el gobierno de Salvador Allende, fue proyectada por la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) dirigida en aquella época por el arquitecto Miguel Lawner, actual Premio Nacional.

El CMN, suponemos que sin medir sus consecuencias, hace un par de meses, redujo a escasos 300 m2 la superficie predial declarada anteriormente como Monumento Nacional y aceptó en una operación express un informe “técnico” preparado por alguien, posiblemente un estudiante en práctica, que recomendaba la demolición inmediata del edificio que todavía queda en pie, ya que el otro fue demolido subrepticiamente por el inmobiliario interesado, contando para ello con una oportuna autorización municipal. Lo grave es que ese informe denominado de cálculo estructural fue convalidado por ingenieros del Ministerio de Obras Públicas (MOP) quienes solícitos estamparon sus rúbricas para darle seriedad al anterior.

No sabemos qué sucederá finalmente con este conflicto, pero sí tenemos conocimiento que la Corte Suprema rechazó un recurso de protección de la inmobiliaria, empresa que se sentía perjudicada por el Decreto de 2017 que protegió patrimonialmente la memoria histórica de los 2 vestigios de edificios y la superficie de 4.300 m2 del terreno de la discordia.

En otro orden de ideas, recientemente sesionó la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados para abordar un proyecto de ley llamado de Integración Social y Urbano que propone diversos beneficios al sector inmobiliario para ciertos polígonos en aspectos tales como mayores alturas, mejoras en densidades habitaciones, usos de suelo, rasantes, distanciamientos y otros, que fijaría caso a caso el propio Minvu, cambiando discrecionalmente las normas urbanísticas fijadas en los planes reguladores comunales e intercomunales, sin respetar en lo más mínimo las zonas de Conservación Históricas listadas en los esos instrumentos de planificación urbana y las Zonas Típicas regidas por la ley Nº 17.288.

Este proyecto de ley tiene suma urgencia y por ello la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que representa a unas 200 organizaciones de la sociedad civil informada, se ha reunido con algunos diputados con el propósito de que esta pretensión gubernamental, que es un acomodado traje a la medida para el más influyente sector de la economía, no prospere. Está claro que los diputados de la derecha, sin importarles mayormente que esta ley posibilita arreglines con información privilegiada, lo cual colisiona con el discurso oficial que promueve la transparencia y el apego a la probidad, la votará a favor ya que su lealtad a Piñera está sobre todo.

Leyendo la web de la Cámara de Diputados estamos al tanto que este asunto se votará en general el próximo miércoles 7 de Agosto y veremos cómo se comportarán los 150 diputados que representan a sus electores. Muchos lo aprobarán y será interesante conocer sus nombres, pero si llegara a operar el sentido común, tal proyecto debiera rechazarse con la tarea para que el Minvu redacte uno nuevo que refleje el sentir de la ciudadanía y no el interés de la industria de la construcción.


Patricio Herman