Estudio Banco Central: Chile debe evaluar un marco regulatorio para el crowdfunding

El crowdfunding ha levantado $116.637,7 millones, unos US$180 millones, destinados a 6.382 proyectos, principalmente en préstamos a empresas (96,7% de los montos, 85% de los proyectos), según información de las Plataformas de Financiamiento Participativo (PFP) de crowdfunding en Chile, a diciembre de 2016.

Este mercado es analizado en la publicación del Banco Central "Desarrollo del Crowdfunding en Chile", de Iván Abarca, donde se señala que el crowdfunding ha tenido un crecimiento local e internacional considerable durante los últimos años.

Estudios atribuyen su desarrollo al uso de sistemas de pagos en línea, a la economía colaborativa, el avance de las Fintech y a la existencia de distintas modalidades para participar. Distintas jurisdicciones han estudiado el alcance de la actividad y algunos han establecido políticas para balancear sus riesgos y beneficios.

La modalidad de crowdfunding de inversión muestra mayores montos transados y mayor interés desde el punto de vista de las autoridades financieras. Existen incentivos en su desarrollo si los sostenedores de proyectos pueden acceder a fuentes de financiamiento convenientes, los inversionistas observan proyectos que ofrecen una atractiva combinación riesgo y retorno y las PFP dan garantías para conectar apropiadamente a esos dos usuarios en un entorno en línea razonable. Luego, pueden entenderse paralelos con el mercado de capitales y la intermediación financiera, lo que justifica una discusión de política financiera.

Sin embargo, los beneficios financieros del crowdfunding no deben compararse, en forma general y concluyente, al sistema financiero tradicional, toda vez que hay distintas brechas respecto a entidades tradicionales del mercado de capitales.

En ellas están las exigencias operativas y de capital sostenidas por un regulador, estándares de gobierno corporativo, vigilancia de un supervisor, entre otras. Mientras que las PFP poseen exigencias de empresas no financieras y su autorregulación es discrecional, las entidades financieras definidas dentro del perímetro regulatorio deben operar bajo requisitos estrictos.

Luego, en términos de competitividad de la modalidad de préstamos con el sector crediticio dentro del perímetro regulatorio, no hay información suficiente para concluir al respecto.

Dado el crecimiento local en los últimos años y el interés mostrado por autoridades frente a esta actividad, se justificaría evaluar la conveniencia de desarrollar un marco regulatorio ad-hoc para esta actividad, como ha sido sugerido por las consultorías internacionales, organismos locales y las mismas PFP.

Específicamente en transacciones de préstamos a empresas, se evidencia una tasa promedio ponderada de crowdfunding de 13,4% anual, levemente mayor para préstamos respaldados por facturas. Esto último puede atender al mercado mismo del crowdfunding local, que se hace con más facturas y evita la necesidad de contratar a una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), al mismo tiempo que la variedad de facturas aceptables para este mercado es mayor.

Ahora bien, para interpretar cualquier alcance de beneficio o costo sobre la tasa de crowdfunding a sus usuarios, debe ajustarse con las tarifas de la PFP, sumando costos al sostenedor y restando ingresos al inversionista. Estos beneficios se estiman entre un 2,9% y 10,2% anual de la transacción.

A pesar del desarrollo local documentado, y de acuerdo a las experiencias internacionales, la discusión del crowdfunding en Chile puede tener una respuesta de política financiera. Su inclusión en un marco regulatorio que homologue políticas y/o estándares de participación y funcionamiento del crowdfunding local, que concilie sus ventajas y riesgos, y que responda a otras aprensiones que pueden existir, es algo que debería ser evaluado.

Crowdfunding en Chile

En Chile, al año 2017, operan ocho PFP, la mayoría de ellas para las modalidades de inversión. Un número considerablemente bajo en relación al número de PFP que existen en el mundo según la literatura.

Las plataformas chilenas se especializan en una modalidad de crowdfunding. Las PFP locales definen las reglas de la transacción. Los financistas tienen la opción de ser anónimos, pero los proyectos son abiertos públicamente para cualquier inversionista potencial, junto con los datos de la persona jurídica que solicita financiamiento.

Adicionalmente, el sostenedor debe definir el monto a solicitar y explicar el motivo de la solicitud, su plan de retribución y el detalle de las garantías (si existiesen).

La solicitud de fondos se puede complementar con datos extra del sostenedor como su contacto comercial y algún detalle de la empresa que requiere el financiamiento, los que tienden a ser documentos contables y certificaciones de autoridades comerciales y/o tributarias.

Publicado el proyecto, la página web de la PFP lo promociona a la red de potenciales financistas (público en general y financistas registrados). La transacción monetaria, que implica el financiamiento, ocurre si se cumplen los requisitos preestablecidos por la PFP para las partes. Por ejemplo, en inversiones, algunas PFP exigen que se oficialice la operación con un documento legal al momento de enterar los montos transados, por ejemplo un pagaré para el caso de préstamos. Adicionalmente, la PFP hará seguimiento a los pagos futuros de la operación.

Sin embargo, por la naturaleza de su rol, no es responsable frente a incumplimientos eventuales del sostenedor del proyecto. En el caso de préstamos, donde actualmente solo pueden acceder empresas, las PFP dentro de sus políticas de riesgo de crédito exigen a los sostenedores de proyectos de préstamos la tenencia y disposición de garantías.

Existen tres tipos de garantías para respaldar los pagos de los préstamos que gestiona la PFP:

(i) presentación de facturas que garanticen pago, de manera que las PFP hacen un negocio similar al factoraje en términos de liquidez, y realizan pago a los financistas tras el pago de la factura correspondiente;

(ii) contratación de servicios de una SGR que realiza los respaldos de pagos en caso de incobrabilidad al sostenedor;

(iii) presentación o disposición de alguna otra garantía como un seguro o hipoteca de acuerdo a la elegibilidad dispuesta por la PFP. La plataforma es explícita en señalar qué garantía se dispone detrás de cada solicitud.

Respecto a los flujos de efectivo generados al origen de las transacciones de crowdfunding de inversión, la forma de entregarse es mixta.

En los préstamos se realizan a través de la PFP como un intermediario, tanto para pagos iniciales como finales.

En casos de capital, la plataforma actúa primariamente como fuente promocional o canal, por lo que la relación entre financistas se regula por lo que determinen contratos entre privados. En estos últimos casos, el monto de los proyectos que solo utilizan la PFP para promocionarse es privado.

Los datos a diciembre de 2016, sintetizados en las transacciones de las PFP, indican que la modalidad de crowdfunding chilena predominante es la de préstamos, tanto en proyectos como en montos transados, mientras que el desarrollo de las modalidades de donación y capital es relativamente menor. Los montos y transacciones se concentran en la PFP Cumplo, sin embargo se presencian más PFP que competirían en crowdfunding de préstamos.

Al año 2016, un 97,6% de los montos de crowdfunding corresponden a préstamos, un 96,8% a empresas a través de las modalidades de respaldo por SGR y por pago asociado a Facturas (similar a factoraje), donde esta última forma predomina con un 65,7% de la actividad a nivel nacional.

Del total de préstamos realizados, más de un 90% de ellos han sido a micro y pequeñas empresas, todos respaldados (por factura o SGR, en la mayoría de los casos al 100% del crédito) y la diferencia a personas naturales.

No obstante, las donaciones y los aportes de capital presentan mayor cantidad relativa de transacciones, pero montos más bajos.

El financiamiento promedio de un proyecto de crowdfunding varía considerablemente según su modalidad.

El promedio para préstamos de facturas es de $16 millones, para respaldados por SGR es de $59,4 millones y para operaciones de capital es superior a los $100 millones, y en menor tamaño se encuentran las donaciones con un promedio cercano a $1,5 millones. Los préstamos a personas promedian los $3 millones.