La compañía estatal declaró que "está convencida que ha dado cumplimiento a las obligaciones contenidas" en el Plan de Prevención y Descontaminación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA), "en la forma y bajo las condiciones establecidas por la propia autoridad, a la que se le ha mantenido periódicamente informada de los avances", argumentó.
El consejo pleno de la FTC, representantes de las empresas estatales, Enami y Codelco, participarán de la instancia convocada por los ministerios de Minería y la Secretaría General de la Presidencia.
Se buscará una transición justa para todos los trabajadores y trabajadoras, con el propósito de asegurar los puestos laborales, con opciones como la reubicación, la reconversión o planes voluntarios de egreso especiales.
Los senadores de la Comisión de Medio Ambiente y de la Región de Valparaíso, junto organizaciones civiles de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví exigieron a Codelco División Ventanas someterse de manera voluntaria a un Estudio de Impacto Ambiental y denunciaron amenazas de la empresa a los trabajadores que han alertado el incremento de “gases fugitivos”.
En un fallo histórico la Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y por otros 11 recurrentes a favor de las personas afectadas a raíz de la emergencia ambiental y sanitaria que entre los días 21 y 23 de agosto, y 4 de septiembre de 2018, afectó a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.