La empresa argumentó que las disposiciones emitidas por la Comisión “privan, perturban y amenazan a la Compañía y a sus accionistas, en sus derechos constitucionales de no discriminación arbitraria, de propiedad -corporal e incorporal- y de libre emprendimiento económico lícito, así como el derecho a la honra, reconocidos a todas las personas en los números 2°, 24°, 21° y 4°, todos del artículo 19, de la Constitución Política de la República; vulnera normas y legislaciones actualmente vigentes” .
