Luis Riveros
Nuestro país está sufriendo una delicada situación en materia económica. La consideración de esta realidad debe ir más allá de las miradas partidistas, de los anclajes políticos y de las interpretaciones intencionadas. Se trata de un serio problema nacional en vistas a nuestra estabilidad y perspectivas de recuperar un liderazgo regional que hemos perdido en materia económica y financiera.
La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, del Instituto de Chile, publicó, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un libro conteniendo el aporte de 17 de sus académicos miembros. La obra concierne a los 50 años del 11 de septiembre de 1973, tema que ha preocupado a muchas instituciones y personas durante meses recientes.
El país ha revivido las profundas divisiones que llevaron al cruento desenlace de hace 50 años. Tales divisiones no sólo se han conmemorado en un sentido histórico y constructivo, sino que han reedificado y en gran medida profundizado las mismas confrontaciones.
La “electrización” que está viviendo el país, en la expresión utilizada por el presidente de la República, tiene su origen en señales y actitudes de quienes están a cargo de administrar el sistema político. La “electrización”, mejor entendida como el ambiente de alta crispación y confrontación que vivimos a diario, no se ha producido espontáneamente.
El país vive una seria encrucijada económica y social. En su análisis no es suficiente ni satisfactorio entrar a distribuir culpas, puesto que lo que se precisa es enfocar el crucial tema de cómo enfrentar lo que viene. Nuestros políticos parecen no avizorar las nefastas consecuencias que se podrían derivar de las actuales tendencias, y que se mezclarán confusamente con los vigentes problemas sociales y políticos.
El gobierno ha convocado a un grupo de trabajo para abordar el importante tema de investigación y desarrollo, implicando temas en ciencia, tecnología e innovación. Esta Comisión, que articula a varias agencias y organismos del propio gobierno, ha emitido un primer informe retratando las principales preocupaciones abordadas y vertidas en conclusiones y líneas orientadoras del trabajo futuro en estas cruciales áreas.
El país observa, con enorme desconcierto, los actuales acontecimientos marcados por acusaciones sobre mal uso de los recursos públicos. Es cierto, no es primera vez que este tipo de cosas ocurre en nuestro país, siempre causando desorientación e incredulidad en la ciudadanía.
Las significativas protestas que se llevaron a cabo a partir de octubre del año 2019, tuvieron como explícita justificación el descontento con lo alcanzado en el país durante el período posterior a 1990.
El país vive una mezcla de dos crisis de naturaleza distinta, pero que en su conjunto ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones y la misma estabilidad social.
La discusión sobre aprobar o no una nueva reforma tributaria se ha hecho más compleja y requiere, efectivamente, una visión sobre un verdadero pacto a nivel de Estado.
Sorprenden al país las acciones en orden a implementar lo que se ha dado en llamar plan de “educación sexual integral”.
Las elecciones del pasado domingo dieron lugar a cambios de fondo en el espectro político y vaticinan variaciones en la marcha observada del país. El gran perdedor en esta jornada ha sido el gobierno, pero más allá: ha sido perdedora la actitud arrogante y desordenada con que se han enfrentado muchos retos políticos por parte de las autoridades.
Los indicadores económicos han adoptado un giro muy negativo a fines del primer trimestre de este año. Junto con un desempleo que alcanza a casi un 9% de la fuerza laboral, el último IMACEC revela que la economía se ha expandido negativamente en -2.1% con respecto al mismo mes del año 2022, considerando la misma cantidad de días hábiles.
El país no deja de sorprenderse sobre el verdadero y progresivo retroceso del Estado en materia de orden público y control del delito. Esta situación hace perder credibilidad a las acciones del Estado en todo terreno, incluido el económico y social, puesto que las múltiples declaraciones sobre planes y estrategias no se hacen compatibles con el verdadero retroceso que se experimenta frente al crimen y la violencia.
El país cuenta con una significativa batería de leyes y reglamentos para poder enfrentar efectivamente la oleada de criminalidad que se hace presente en el día a día. Frente a las actuales circunstancias, parece ser más bien una prioridad el que se dialogue sobre las posibles fallas en la aplicación efectiva de esas normas, en lugar de priorizar la creación de nueva normativa para intentar controlar la acción delictual.
Nuestro país vive una enorme crisis de seguridad. Son miles los casos de delitos graves que ocurren ya casi como sucesos habituales que asumimos como parte inevitable de nuestra vida diaria. Asaltos, robos, portonazos, encerronas, etc. son sólo parte del panorama a que diariamente todos nos exponemos.
La Cámara de Diputados y Diputadas ha decidido dedicar una semana al estudio y despacho de un cierto número de proyectos de ley atingentes a temas de seguridad.
Se inicia un nuevo año académico, en medio de saludos de bienvenida, de actos preparatorios y de un entusiasmo que revive en las familias los similares procesos acaecidos a través de distintas generaciones.
Nuestra sociedad mantiene una deuda enorme con la institución Bomberos de Chile y con cada uno de sus miembros. Desde hace más de un siglo y medio, su labor ejercida en ciudades y campos, valles y montañas, aldeas pequeñas y ciudades, en forma indistinta, ha puesto en evidencia un espíritu de servicio dominado por férrea voluntad y compromiso sostenido
Ha llamado la atención la divulgación de una reciente estadística comparativa que ubica a Chile como el país en que sus habitantes manifiestan más temor frente a la delincuencia.