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Durante la primera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, se hizo mención a la importancia de recuperar los índices de productividad. Este desafío tiene una mirada que integra a todos los actores de la sociedad, en especial, cuando la innovación y el desarrollo de economías digitales debe ser desde nuestro país. Hace algún tiempo se discute en el Congreso el proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros: Ley Fintech.

La pandemia golpeó fuertemente a las pymes, siendo la falta de liquidez uno de los problemas más relevantes que han tenido que enfrentar.

Uno de los grandes dolores de cabeza de las empresas pequeñas es la falta de liquidez y la demora en los pagos por parte de los clientes. El factoring se asoma como una opción más dentro del mercado financiero, que le permitiría a las pymes acceder a liquidez inmediata previa evaluación.

Las conversaciones entorno a una posible Ley Fintech han aumentado, y con ello la necesidad de garantizar un marco legal que promueva la innovación financiera y la libre competencia. La reticencia a liderar una transformación de este carácter no solo retrasa el acceso a la banca a quienes actualmente no lo poseen, sino que también acrecienta la incertidumbre ante un complejo escenario económico.