Reinserción social juvenil: exponen desafíos en seguridad e infraestructura

(www.camara.cl)

La Comisión de Desarrollo Social recibió al subsecretario de Justicia, Luis Silva, y a la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez. En su presentación, expusieron sobre el funcionamiento de los centros de reinserción social juvenil.

De acuerdo a los datos entregados, a septiembre de 2026, el servicio atendió a 8.334 adolescentes y jóvenes a lo largo del país. De ellos, 1.481 cumplen medidas o sanciones privativas de libertad y cerca de la mitad tiene 18 años o más. Asimismo, la institución opera con 18 centros privativos de libertad y más de 220 programas distribuidos a nivel nacional.

Uno de los desafíos abordados por el subsecretario Luis Silva es la coordinación entre el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile. El subsecretario explicó que Gendarmería tiene a su cargo la custodia perimetral de los centros, mientras que el servicio administra su funcionamiento interno. Sin embargo, planteó que, en los hechos, la situación, que exige altos niveles de coordinación operativa, en ocasiones no se logra de forma eficiente.

En tal contexto, anunció el trabajo en un convenio destinado a formalizar y fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, especialmente, en materias de seguridad.

Asimismo, manifestó su preocupación por situaciones detectadas en distintos recintos, tales como el ingreso de elementos prohibidos, conflictos al interior de los centros y condiciones que afectan la seguridad de funcionarios y usuarios. Frente a esto, destacó las medidas implementadas en algunos establecimientos para reforzar los controles de acceso y reducir vulnerabilidades operativas.

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil

Por su parte, la directora Rocío Faúndez informó que las evaluaciones realizadas en los centros detectaron problemas asociados a sistemas de televigilancia insuficientes; conflictos críticos entre jóvenes; agresiones al personal; redes de emergencia sin certificación vigente; y deficiencias en infraestructura básica. Para enfrentar estos desafíos, comunicó que el servicio impulsa planes de modernización de los sistemas de control de ingreso, fortalecimiento de la seguridad y certificación de redes de emergencia.

También expuso sobre las condiciones de infraestructura de los centros. Entre los problemas detectados figuran baños y duchas en mal estado, filtraciones, deficiencias en calefacción y agua caliente, así como instalaciones que no responden adecuadamente a las necesidades de habitabilidad de adolescentes y funcionarios.

Para enfrentar la situación, explicó que el servicio contempla inversiones por más de $2.700 millones durante 2026 y más de $5.100 millones, para 2027. Los recursos se destinarán a reparaciones estructurales, normalización eléctrica, mejoras en sistemas de agua caliente y otras intervenciones en distintos centros del país.

Otros desafíos

En materia programática, la directora informó que se identificaron talleres socioeducativos insuficientes, escasa capacitación laboral, rezago escolar y problemas para asegurar continuidad en las intervenciones. También advirtió la existencia de listas de espera y limitaciones en programas de tratamiento de consumo de drogas. Por esto, el servicio desarrolla nuevas estrategias de intervención, alianzas para ampliar talleres y medidas destinadas a fortalecer la continuidad educativa y formativa de los jóvenes.

Otro de los desafíos planteados corresponde al creciente número de personas mayores de edad que cumplen condenas dentro de los centros de reinserción social juvenil. La autoridad sostuvo que la convivencia entre jóvenes de distintas edades genera complejidades y que el Ejecutivo trabaja para potenciar el uso de secciones juveniles en recintos penales de adultos, con el propósito de disminuir esta situación.

Asimismo, indicó que una eventual modificación al régimen de responsabilidad penal adolescente podría aumentar el número de jóvenes sujetos a sanciones privativas de libertad. Por ello, señaló que el Ministerio de Justicia y el servicio ya trabajan en la planificación de capacidades e infraestructura para responder adecuadamente a futuros requerimientos del sistema.

Durante la sesión, las y los diputados manifestaron inquietudes sobre distintos aspectos del sistema de reinserción social juvenil. Entre ellas, solicitaron mayores antecedentes sobre las cifras de reincidencia juvenil, con una mirada de largo plazo que permita evaluar su evolución como política de Estado.

Adicionalmente, expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en los centros y por las dificultades que ha enfrentado la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, particularmente, en relación con la disponibilidad y contratación de profesionales. Frente a estas consultas, la comisión acordó solicitar un informe detallado, por región, que aborde cada uno de estos temas.