Oportunidades y brechas ante reto de la longevidad
Hace poco, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en el país residen 3.665.028 personas de 60 años o más, lo que equivale al 19,8% de la población nacional. El dato es revelador: este segmento superó en número a la población menor de 15 años. En otras palabras, Chile cuenta hoy con más adultos mayores que niños y adolescentes, lo que exige una reflexión sobre la calidad de vida de la que dispondremos en los próximos años.
Si bien en los últimos años el país ha avanzado de manera decidida en materia de seguridad social y salud para enfrentar este escenario, destinando importantes recursos a ello —un análisis presentado en el Seminario Chile 100 indicó que la Pensión Garantizada Universal y las Garantías Explícitas en Salud (GES) concentran el 55% de los recursos públicos orientados a la longevidad—, aún persisten brechas relevantes.
Junto con fortalecer estas medidas, es imprescindible optimizar la respuesta para garantizar el bienestar integral de la población mayor. Aspectos que hace algunas décadas no formaban parte de la agenda pública hoy resultan cruciales, como el ámbito laboral, donde muchos adultos mayores continúan con problemas para su incorporación y permanencia. En este contexto, la implementación de la Ley Integral de las Personas Mayores cobra especial relevancia, al incorporar mecanismos como la creación de un contrato de trabajo especial con franjas horarias o jornadas flexibles, y la opción de suspender la relación laboral cuando sea necesario. Según el INE, el 28,5% de las personas mayores se declara ocupada, lo que confirma su rol como un componente valioso dentro de la fuerza laboral del país, sobre todo por su experiencia.
Otro ámbito clave es la vivienda. A nivel internacional se discute activamente el acceso a soluciones habitacionales para este segmento; en España, por ejemplo, los desalojos de adultos mayores imposibilitados de pagar alquileres han encendido las alarmas. En el plano local, el debate debe centrarse en qué tipo de vivienda ofrece el Estado a las personas de edad avanzada y a qué costo, temas que forman parte de una discusión global urgente.
Por su parte, las necesidades de cuidado y acompañamiento requieren un abordaje coordinado. Aquí el Ministerio de Salud desempeña un rol clave a través de programas especializados de prevención y otros que aseguren la continuidad de los tratamientos crónicos y fomenten la autovalencia, considerando que un 28,3% de las personas mayores presenta alguna discapacidad, cifra que supera el 50% entre la población de la cuarta edad.
El progresivo envejecimiento poblacional impone el deber de responder con celeridad a estos desafíos en materia de empleo, vivienda y cuidados. Garantizar una vejez digna no solo implica preservar los logros alcanzados, sino también adaptar de manera decidida las políticas públicas para construir una sociedad verdaderamente inclusiva y preparada para este cambio demográfico.
Pedro Pizarro
Vicepresidente Instituto Libertad
Ex Subsecretario de Previsión Social
