Pedro Pizarro



Pedro Pizarro

Hace poco, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en el país residen 3.665.028 personas de 60 años o más, lo que equivale al 19,8% de la población nacional. El dato es revelador: este segmento superó en número a la población menor de 15 años. En otras palabras, Chile cuenta hoy con más adultos mayores que niños y adolescentes, lo que exige una reflexión sobre la calidad de vida de la que dispondremos en los próximos años.

La reciente medición de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) sobre riesgos sicosociales constituye un aporte relevante para la seguridad y salud laboral. Elaborado a partir de las respuestas de más de un millón de trabajadores, el informe muestra que ocho de cada diez lugares de trabajo presentan un riesgo global bajo, aunque el panorama cambia al observar dimensiones específicas: el 86,5% no alcanza un nivel óptimo en carga de trabajo y el 79,5% en exigencias emocionales.

Las últimas cifras del INE sobre desempleo llaman a movilizarnos: en total, hay casi un millón de personas sin trabajo en Chile, lo que es dramático tomando en cuenta de que tras un cesante hay una familia con necesidades infinitas.

Las cifras nos ponen en alerta y, más que hacer un diagnóstico de este escenario, conviene emprender acciones concretas para que miles de personas accedan al mercado laboral

En el debate económico actual, existe un consenso indiscutible sobre la relación directa entre la estabilidad institucional y el crecimiento a largo plazo. Chile -que durante décadas lideró las inversiones en la región-, se encuentra hoy en la necesidad de volver a crecer con urgencia. 

El inicio de 2026 trae consigo una paradoja económica en Chile. Mientras los indicadores financieros y la bolsa de valores muestran señales de optimismo tras el giro político reciente -con un aumento en las expectativas de inversión en sectores estratégicos como la construcción-, el mercado laboral exhibe una falta de dinamismo persistente.

La implementación de la reforma previsional sigue adelante: a partir de enero de 2026, el sistema incorporará los nuevos y potentes beneficios que contempla la ley. Estos elementos no son sólo ajustes técnicos; introducen solidaridad, una compensación para las mujeres y reconocimiento al esfuerzo de los pensionados. Aquí cabe también señalar que esta norma fue fruto de un acuerdo amplio de diversos partidos en el Congreso; consensos clave a los que debimos llegar por el bien del país y que no son un botín de ningún sector. Más de dos millones de personas por estos dos conceptos son prueba palmaria de lo acertado de buscar acuerdos.