Bruselas expedienta a España por no aplicar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea ha abierto este viernes un expediente sancionador contra España y otros 17 países por no haber trasladado plenamente a su legislación nacional determinadas disposiciones de la nueva directiva europea contra el blanqueo de capitales, que refuerza, entre otras cuestiones, el acceso a la información sobre los propietarios reales de empresas y otras entidades.
La reforma forma parte de la sexta directiva europea para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y busca facilitar que las autoridades competentes, las entidades obligadas y otros organismos autorizados puedan consultar los registros de titularidad real, que permiten identificar a las personas que poseen o controlan en última instancia una sociedad.
Los Estados miembro tenían hasta el pasado 10 de julio para incorporar esta parte de la normativa a sus respectivas legislaciones, pero Bruselas ha constatado que España y otros 17 países no han comunicado todavía su plena transposición.
En concreto, el retraso afecta también a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Finlandia.
El Ejecutivo comunitario considera que la aplicación progresiva de la nueva directiva resulta "esencial" para corregir las debilidades del sistema financiero europeo y garantizar que todos los países de la UE apliquen de manera "coherente y eficaz" las reglas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales.
La apertura del expediente se materializa con el envío de una carta de emplazamiento que da a las autoridades españolas un plazo de dos meses para completar la transposición pendiente y comunicar al Ejecutivo comunitario las medidas adoptadas.
Así las cosas, Bruselas recuerda que, de no recibir una respuesta satisfactoria de parte de España, procederá a avanzar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado, que es la última oportunidad de negociación antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
