Reformular el empleo público: una tarea impostergable
El empleo público en Chile no se rige por un único marco normativo, sino por una multiplicidad de estatutos y regímenes laborales que fragmentan la gestión del Estado. En términos generales, se pueden distinguir al menos cinco grandes regímenes: el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), que regula a los funcionarios de la administración central; el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N° 18.883); los regímenes especiales como el Estatuto Docente (Ley N° 19.070) y el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley N° 19.378); el régimen propio del Poder Judicial, regulado por el Código Orgánico de Tribunales; y los estatutos de las Fuerzas Armadas y de Orden, establecidos en leyes orgánicas constitucionales. A ello se suman las empresas públicas, que se rigen por el Código del Trabajo.
Cada uno de estos marcos afecta a decenas de miles de trabajadores. En particular, el Estatuto Administrativo cubre a la administración central, que a marzo de 2026 alcanzó 549.237 cargos efectivos, con un aumento neto de más de 41 mil puestos en un año. De ese crecimiento, el 95% provino, como era esperable, de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que sumaron 39.140 cargos, mientras que el sector salud incorporó apenas 1.551 funcionarios y el resto de las instituciones solo 402.
Las cifras disponibles muestran que entre 2014 y 2026 el empleo en el Gobierno Central creció casi un 100%, frente a un aumento de apenas 15% en el empleo total del país. En otras palabras, el Estado ha expandido su dotación mucho más rápido que la economía y el sector privado. Territorialmente, el crecimiento se ha concentrado en los SLEP, mientras que las municipalidades siguen sin apoyo técnico ni financiero suficiente para sostener servicios básicos.
La consecuencia es una desigualdad territorial que se traduce en brechas de calidad en educación, salud y gestión urbana. El empleo público, en lugar de ser un motor de cohesión territorial, se ha convertido en un factor que amplifica las diferencias.
Reformular el empleo público no es un esfuerzo nuevo. En el año 2022 se redactó y presentó un proyecto de ley para la modernización del empleo público, que fue rechazado por la ANEF. A cuatro años de aquello, modernizar el empleo público es una tarea impostergable. Entre otras consideraciones, Chile necesita un mecanismo que articule los diversos regímenes bajo criterios de equidad territorial. Se requiere un estatuto especial tanto para el empleo de la administración centralizada como para el municipal, que asegure formación, estabilidad, flexibilidad y movilidad de funcionarios entre comunas y regiones. Es indispensable incorporar modelos flexibles y de polivalencia que permitan adaptarse a las demandas locales, evitando la rigidez de escalafones homogéneos. Sobre todo, se debe instalar un sistema de indicadores territoriales de desempeño que mida la calidad de los servicios y la eficiencia del gasto público en cada región.
La integración de las empresas públicas en esta planificación es también clave. Sus capacidades técnicas y de gestión deben articularse con las necesidades territoriales, de modo que el empleo estatal funcione como un sistema coherente y no como compartimentos aislados.
La disyuntiva no es exclusivamente determinar cuántos funcionarios debe tener el Estado, sino dónde se requieren y qué perfiles deben cumplir. La discusión sobre el empleo público es una urgencia que distintos gobiernos han evitado enfrentar. La ventaja de la actual administración es la voluntad de hacerlo al inicio de su mandato en un contexto más sereno por la ausencia de elecciones en el período. Si se logra una transformación en este ámbito, no solo será un triunfo de la actual administración, sino también un paso decisivo para el desarrollo del país.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
