Cámara: Remiten a Sala norma que fortalece institucionalidad de seguridad municipal
(www.camara.cl)
La Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó a Sala el proyecto (boletín 18525) que introduce modificaciones a la Ley 21.802, sobre institucionalidad municipal, en materia de seguridad pública y prevención del delito.
El texto busca la adecuada y coherente implementación de la ley, para asegurar los estándares de prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito realizado por las municipalidades.
En primer término, la iniciativa precisa el límite de gastos en personal que los municipios pueden tener para contratar personal de seguridad. De esta manera, dispone que estos podrán exceder, hasta en un 5% de sus ingresos propios, percibidos en el año anterior, el límite legal del 42% establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
Además, excepcionalmente, las municipalidades podrán destinar hasta el 15 o el 25 por ciento de los referidos ingresos propios, para contratar inspectores de seguridad. Para ello, deberán contar con la autorización previa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en el primer caso, y de esta subsecretaría, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, en el segundo.
Otro punto del proyecto aprobado está referido al funcionamiento de los vehículos de seguridad municipal. Al respecto, la modificación permite que los conductores de dichos vehículos puedan operar con licencia de conducir clase B. Esta medida apunta a facilitar el uso y operación de estos vehículos, sin que se exiga a los conductores poseer licencia clase F, que es el documento requerido para el manejo de los vehículos de emergencia.
Otras adecuaciones
Asimismo, el proyecto autoriza a contratar bajo las normas del Código del Trabajo al personal destinado a funciones de seguridad. Sin embargo, para poner término a sus contratos, se deberá realizar una investigación o sumario administrativo.
En relación a la realización de la evaluación de idoneidad física y psicológica de los inspectores de seguridad municipal, el proyecto establece que se efectúe en establecimientos de salud, públicos o privados. Y, el actual personal que ejerza estas funciones en los municipios, dispone de un año de plazo para acreditar su cumplimiento.
