Mejorar la apreciación del futuro
El artículo 29 del recientemente aprobado proyecto de ley sobre Reconstrucción crea, desde el 1 de enero de 2027 o desde la entrada en vigencia posterior de la ley, un estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones extranjeras y locales de al menos USD 50 millones. El régimen consulta un contrato suscrito con el Ministerio de Hacienda y se dirige a proyectos mineros, industriales, forestales, energéticos, de infraestructura, telecomunicaciones, investigación, tecnología, medicina y ciencia, entre otros. Es destacar el hecho de que se considere a proyectos en el área de investigación y desarrollo, un ingrediente vital para el desarrollo de la misma y de las entidades vinculadas con las tareas correspondientes. Hasta ahora este tipo de proyectos tiene generalmente muy poca viabilidad económica y están frenados, como en otros campos, por la incertidumbre que emana de ciertas políticas públicas.
Es importante destacar que el problema actual de Chile, y probablemente por los próximos años, reside en el bajo crecimiento económico y alto desempleo de mano de obra. La inversión externa es un factor vital para otorgarle dinamismo a estas dos dimensiones –producción y empleo- por lo que reducir la incertidumbre acerca de las reglas aplicables a la inversión externa de grandes proyectos es del todo justificable. La invariabilidad tributaria consiste en otorgar certeza sobre el futuro tributario para proyectos elegibles, protegiéndolos de cambios no previstos en el diseño de la inversión. Que Chile asuma esta realidad es muy importante, dado que los potenciales inversionistas ven en nuestro país una tendencia a “reformas” tributarias y a cambios constitucionales, por lo que se crea una percepción de cierta inseguridad. Además, nuestros vecinos Perú y Argentina ya cuentan con normas sobre invariabilidad tributaria, con lo cual se han posicionado bien en la competencia regional para atraer inversión externa.
La invariabilidad tributaria trata de brindar estabilidad para inversiones que pueden enfrentar circunstancias difíciles producto de cambios en las reglas tributarias, así como en otros ámbitos como la “permisología” y en general normas que pueden perjudicar el retorno que los inversionistas tienen previsto al diseñar sus proyectos. Por otra parte, aunque la invariabilidad puede ser una herramienta legítima de competitividad, tampoco se debe convertir en un blindaje patrimonial automático para toda inversión grande. Su validez económica depende de una ecuación compleja que debe resolver la autoridad: inversión verdaderamente adicional y beneficios públicos verificables versus costo fiscal, complejidad, desigualdad competitiva. El proyecto asume algunos de estos problemas, pero se ha hecho un caso sobre los futuros cambios legislativos que se verían así limitados por la norma.
El proyecto aprobado no impide que el legislador futuro pueda modificar el régimen tributario, tal y como se hizo con el DFL600 el año 2015, tras casi sus 40 años de vigencia. Esto porque el Estado suscribe un contrato en que se compromete a mantener la tasa impositiva durante un período respecto del proyecto de inversión en particular, y en la medida en que el inversor cumpla con las obligaciones adquiridas, el Estado debe cumplir con lo pactado. Esto es independiente de que se considere o no apropiado en un futuro modificar la ley. Y en materia de proteger nuestra democracia, se estipula que el inversionista debe informar trianualmente al Estado sobre el cumplimiento del contrato en materia de producción, empleo, encadenamientos productivos e impacto regional, información que Hacienda deberán llevar al Congreso Nacional.
El artículo 29 refleja lo que fue tan exitoso en materia de atraer inversión externa durante los años de la Concertación. El reglamento de la ley deberá incorporar muchas de las observaciones legítimamente formuladas, también ratificando el espíritu amplio que debe revestir el aseguramiento de un futuro más previsible para la inversión.
Prof. Luis A. Riveros
Emérito Universidad de Chile
