Infraestructura al 2055, del diagnóstico a la obligación de ejecutar
Nuestro país se ha puesto una meta desafiante: una hoja de ruta de más de 24 mil proyectos y una inversión estimada que compromete varias décadas de esfuerzo público y privado. Se trata del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025–2055, un trabajo técnico relevante, participativo y de largo plazo realizado el año pasado, en el que participaron diversos actores con propuestas.
Lo que viene ahora es la verdadera prueba: convertir el plan en una cartera priorizada, financiada, calendarizada y sujeta a seguimiento público. Sin esa bajada, el riesgo es evidente: que termine siendo un buen documento de consulta -útil para seminarios-, pero insuficiente como instrumento de gestión. Chile no necesita otra década de mapas, análisis y presentaciones; requiere obras a tiempo.
La experiencia muestra que la distancia entre planificación y ejecución sigue siendo amplia. Requiere decisión política explícita, continuidad presupuestaria y una institucionalidad capaz de hacer seguimiento más allá del gobierno de turno. El propio plan 2055 considera una programación de mediano plazo y una estrategia de evaluación periódica, precisamente para dar flexibilidad a distintos gobiernos dentro de un marco común de largo plazo. Esa lógica debe transformarse en una obligación pública: cartera trazable, metas anuales, responsables identificables y rendición de cuentas.
Sabemos que Chile crece por debajo de su potencial y esto se explica por cuellos de botella de infraestructura: puertos al límite, corredores logísticos insuficientes, falta de seguridad hídrica, conectividad digital incompleta y ciudades que no logran acompañar su crecimiento. Cada año sin priorización es un año en que se posterga inversión, empleo y calidad de vida.
La productividad mejora cuando la carga sale del puerto sin fricción; cuando una región agroexportadora conecta a tiempo con sus mercados; cuando un proyecto minero, energético o industrial encuentra obras habilitantes disponibles; cuando una familia accede a agua segura, transporte digno o mejor conectividad. Esa es la infraestructura que importa: la que reduce tiempos, baja costos y acerca oportunidades.
Por eso, la pregunta es: qué institución llevará adelante este plan de infraestructura, con qué financiamiento se ejecutará y cómo sabrá la ciudadanía si se está cumpliendo. Una hoja de ruta requiere algo más que voluntad: necesita una entidad o instancia con mandato claro, capacidad técnica, información pública y autoridad para ordenar prioridades entre ministerios, regiones y sectores productivos.
Chile tiene una ventana poco frecuente: un diagnóstico validado, una cartera amplia y consenso sobre la urgencia de invertir. Ese capital no es permanente. Si no se transforma pronto en programación, financiamiento y seguimiento, se diluye en la inercia administrativa.
El plan trazado debe ser una política de Estado. Su legitimidad no se jugará en el documento, sino en su capacidad de convertirse en obras y oportunidades concretas. Nuestro país no puede seguir confundiendo planificación con avance. Planificar fue el primer paso. Ahora corresponde ejecutar, medir y rendir cuentas.
Carlos Zeppelin
Director
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
