En un escenario económico marcado por la búsqueda de mayor crecimiento y nuevas inversiones, el debate tributario vuelve a ocupar un lugar central. Más allá de las medidas que puedan impulsarse para fortalecer la competitividad del país, existe una variable que resulta determinante para quienes toman decisiones de largo plazo y que, con frecuencia, recibe menos atención que las tasas de impuestos: la certeza jurídica.
Durante los últimos quince años, el sistema tributario chileno ha experimentado sucesivas modificaciones estructurales. Reformas, ajustes regulatorios y cambios de diseño han configurado un escenario en el que la discusión tributaria parece haberse vuelto permanente.
La consecuencia de este fenómeno no se mide únicamente en términos de recaudación. También se refleja en la dificultad de proyectar decisiones de inversión bajo reglas que cambian con frecuencia.
Más allá de las medidas que puedan adoptarse en materia tributaria, la discusión deja instalada una pregunta de largo plazo: ¿cómo construir un sistema que permita financiar las necesidades del Estado sin debilitar la capacidad del país para atraer inversión y generar crecimiento?
La respuesta no depende exclusivamente de las tasas de impuestos. También exige reglas claras, consistentes y suficientemente estables para que empresas y emprendedores puedan planificar proyectos cuyo horizonte de ejecución muchas veces supera una década.
La experiencia internacional demuestra que la competitividad tributaria no se explica únicamente por una menor carga impositiva. Los países que logran atraer inversión de manera sostenida suelen combinar estabilidad institucional, responsabilidad fiscal y marcos regulatorios previsibles. Estos elementos se fortalecen mutuamente y generan un entorno que reduce la incertidumbre para quienes toman decisiones de largo plazo.
Un sistema tributario sujeto a modificaciones frecuentes puede generar costos económicos incluso cuando mantiene tasas competitivas. Del mismo modo, un sistema con una carga tributaria relativamente mayor puede seguir siendo atractivo si ofrece certeza respecto de las reglas que regirán durante la vida de un proyecto.
Por supuesto, la certeza jurídica no puede transformarse en inmovilidad. Las políticas tributarias deben adaptarse a los cambios económicos, sociales y fiscales que enfrenta el país. Sin embargo, esa capacidad de adaptación también requiere previsibilidad, de modo que las modificaciones respondan a criterios claros y no a una sucesión permanente de ajustes que dificulten la planificación.
Hoy, más que discutir únicamente el contenido de una reforma específica, el desafío consiste en definir qué tipo de sistema tributario necesita Chile para recuperar dinamismo económico, fortalecer la inversión y ofrecer condiciones estables para el desarrollo de nuevos proyectos.
Porque los impuestos importan. Pero la estabilidad de las reglas también constituye una ventaja competitiva. Cuando la certeza jurídica forma parte de la política tributaria, la inversión encuentra mejores condiciones para transformarse en empleo, innovación y crecimiento sostenible.
Carla Huerta
Abogada tributaria