Cuando la lluvia desnuda las brechas

Cada desastre natural que golpea a Chile vuelve a desnudar las profundas desigualdades territoriales que atraviesan al país. El reciente evento meteorológico, con lluvias intensas y desbordes de ríos, mostró una vez más que las comunidades más vulnerables son las que cargan con los mayores costos. No es únicamente la fuerza de la naturaleza la que explica la magnitud de los daños, sino la fragilidad institucional y la desigual capacidad de respuesta entre regiones. Mientras algunas zonas cuentan con infraestructura de contención y planes de emergencia, otras dependen de la improvisación y de la solidaridad vecinal, quedando expuestas a pérdidas humanas y materiales que podrían haberse mitigado.

Los datos oficiales confirman esta brecha. SENAPRED y el Ministerio del Interior han reportado diez personas fallecidas, dieciséis lesionadas, cuatro personas desaparecidas (tres en Coquimbo y uno en Atacama), 2.281 damnificados, 104.000 aislados y cerca de 1.100 albergados. en este último evento y anteriormente, producto de las precipitaciones de junio, más de doce mil damnificados productos del temporal que afectó a las regiones del Maule y del Biobío, donde las pérdidas agrícolas superaron los cincuenta millones de dólares. La Dirección Meteorológica de Chile ha advertido que los patrones de lluvias extremas se han intensificado en la última década, en línea con los informes del IPCC sobre cambio climático. Sin embargo, las estadísticas del INE muestran que la inversión pública en infraestructura de mitigación es tres veces mayor en la Región Metropolitana que en las regiones del sur, lo que genera una brecha evidente en la capacidad de enfrentar emergencias y perpetúa un modelo centralista que concentra recursos en Santiago.

Luego, lo absurdo es que territorios más expuestos son también los menos preparados para enfrentar situaciones d desastres. La falta de planificación territorial amplifica los riesgos, con viviendas construidas en zonas inundables, ausencia de cortafuegos naturales y escasa inversión en sistemas de alerta temprana. Las consecuencias no se limitan a la pérdida de viviendas o a la interrupción de la producción agrícola; también erosionan la confianza ciudadana hacia las instituciones y profundizan la pobreza multidimensional en las zonas afectadas. Cada desastre se convierte en un recordatorio de que la desigualdad territorial no es solo un problema de equidad, sino de seguridad nacional.

La respuesta, por tanto, no puede seguir siendo reactiva. Chile necesita avanzar hacia un modelo de resiliencia territorial inspirado en experiencias exitosas internacionales, como la de Países Bajos, donde la gestión integrada de cuencas y la inversión en infraestructura verde han reducido significativamente los daños por inundaciones. A nivel nacional, debe replicarse el modelo de parques inundables implementado inicialmente en Santiago, extendiéndolo a ciudades distintas con registros históricos de inundaciones o aluviones para combinar espacios públicos con sistemas de contención hídrica. Asimismo, es urgente descentralizar la inversión pública, asegurando que cada región cuente con planes de emergencia financiados y con capacidad técnica instalada.

En este mismo orden de ideas, es evidente que, en tiempos de paz, la preparación del Estado para enfrentar crisis resulta tan estratégica como la defensa misma y en su caso las Fuerzas Armadas se constituyen en un soporte logístico y operativo que deben contar con la capacidad para responder con rapidez ante emergencias naturales o sociales. Sin embargo, esta última experiencia ha demostrado que una demora superior a 72 horas en llegar con ayuda efectiva incrementa exponencialmente los daños, profundiza la vulnerabilidad de las comunidades y una vez más pone en cuestionamiento la confianza sobre las instituciones. Por ello, contar con un sistema militar entrenado, adecuadamente distribuido, con infraestructura logística y equipado y coordinado para actuar en catástrofes es una condición indispensable de resiliencia nacional. Lo anterior, significa transformar la capacidad de defensa en capacidad de protección, asegurando que la solidaridad del Estado se traduzca en presencia concreta, oportuna, eficaz y donde la población más lo necesite.

Solo así será posible transformar la vulnerabilidad en oportunidad, reconociendo que proteger a las comunidades más expuestas es condición indispensable para la cohesión social y el desarrollo futuro del país.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile