Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo intentarán cerrar este martes un acuerdo que respalde el pacto comercial negociado entre Washington y Bruselas por el que la Unión renuncia a imponer contramedidas siempre que Estados Unidos limite a un 15% los aranceles a la mayoría de importaciones europeas; en un proceso contrarreloj para que el aval llegue antes de que expire el plazo del 4 de julio dado por Donald Trump para imponer más gravámenes si se frustra el acuerdo.
Los colegisladores se reúnen a última hora de este martes en Estrasburgo (Francia), en los márgenes del pleno de la Eurocámara, en el que será el tercer encuentro entre negociadores y después de que el intento anterior, el pasado 7 de mayo, concluyera con "buenos avances" pero sin resolver todas las diferencias.
"Avanzamos considerablemente en la cuestión del mecanismo de salvaguarda y en la revisión y evaluación del reglamento principal, pero aún queda camino por recorrer", dijo entonces el negociador jefe de la Eurocámara y presidente de la comisión de Comercio Internacional, el socialista Bernd Lange.
Aunque puede haber más rondas de negociaciones si el acuerdo no llega esta noche, el calendario se complicaría ya que lo pactado entre negociadores necesitará después ser adoptado por los Veintisiete y superar el voto formal del pleno del Parlamento Europeo un una próxima sesión.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos avisó ya el pasado 7 de mayo, en una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que daba de plazo a la Unión Europea hasta el 4 de julio para cumplir los términos del pacto arancelario o, de lo contrario, los aranceles "subirían inmediatamente a niveles mucho más altos".
SALVAGUARDAS PARA PAUSAR EL ACUERDO SI EEUU NO CUMPLE
La posición de los eurodiputados condiciona su apoyo al llamado Acuerdo de Turnberry a que no haya más intentos de coerción desde la Casa Blanca y exige que incluya cláusulas de suspensión si Washington impone nuevos gravámenes o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis por Groenlandia.
En concreto, defienden el refuerzo de la "cláusula de suspensión" para poder poner en pausa el acuerdo si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales --como los que anunció tras el fallo en contra de la justicia pero no ha llegado a aplicar a la UE-- o Washington intenta ejercer presión económica sobre el bloque para influir en su toma de decisiones.
Así, los eurodiputados reclaman que la Comisión Europea pueda proponer la suspensión de parte o todas las preferencias comerciales si Estados Unidos supera el límite del 15% acordado para las tasas generalizadas o activa nuevas medidas arancelarias contra sectores no concernidos hasta ahora.
La palanca de suspensión también debería de poder activarse, dicen los eurodiputados, ante situaciones que socaven los objetivos del acuerdo, discriminen a los operadores económicos de la UE, amenacen la integridad territorial o las políticas exterior o de defensa de los Estados miembro o ejerzan coerción económica.
Otra de las condiciones de los eurodiputados para aprobar la dimensión comercial del acuerdo anunicado el pasado verano en Escocia por Trump y Von der Leyen figura introducir una "cláusula de aplicación" por la que el nuevo marco arancelario sólo será efectivo si Washington respeta plenamente los compromisos adquiridos.
En concreto, el llamado "Acuerdo de Turnberry" prevé un tope del 15% de arancel generalizado sobre las producciones europeas, a cambio de que la UE renuncie a responder con medidas recíprocas. Sin embargo, este techo deja fuera el acero y aluminio europeo, que sigue afrontando una tasa del 50%.
El controvertido acuerdo que cerró la jefa del Ejecutivo comunitario con Trump incluye también compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial sobre la que tiene competencias Bruselas, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en este país por valor de 600.000 millones más.
Estas disposiciones no se recogen en las propuestas legislativas que negocian los colegisladores ya que se trata de medidas que trascienden las competencias de Von der Leyen y recaen sobre los Estados miembro.
