Plan de Seguridad Pública del Gobierno: Conoce cómo es la estrategia presentada por la ministra Trinidad Steinert
(www.gob.cl)
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados el Plan de Seguridad Pública del Gobierno, una estrategia con acciones y medidas concretas que se sustenta en tres objetivos claros:
Recuperación del control territorial por parte del Estado
Aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal
Fortalecimiento institucional
La autoridad detalló que el plan incluye acciones para intervenir fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios tomados por bandas criminales.
A ello se suma un reforzamiento de la inteligencia policial, modernizar la tecnología de persecución del delito y avanzar en nuevas herramientas legales para combatir la delincuencia.
La iniciativa contempla además siete ejes estratégicos:
Combate al crimen organizado y terrorismo
Recuperación territorial
Prevención integral del delito
Fortalecimiento policial
Análisis criminal
Coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil
Nuevos desafíos ministeriales
Tres objetivos del Plan de Seguridad Pública del Gobierno
1. El Estado recupera el control territorial
Se ejecuta simultáneamente en seis dimensiones:
Control de fronteras: Vigilancia tecnológica en pasos habilitados y no habilitados, reactivación de la Mesa Nacional de Seguridad Fronteriza, cooperación con países vecinos y con Estados Unidos, y resguardo estratégico del Corredor Bioceánico Vial.
Control de rutas: La respuesta es el Plan Escudo en Ruta: control vehicular permanente, cercos viales dinámicos, fiscalización interagencial y expansión del SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con IA) a más comunas.
Control de las calles: Presencia policial visible y disuasiva, fiscalización del porte ilegal de armas (subió 92% en armas de fuego y 142% en armas blancas en 4 años), e intervención sobre incivilidades.
Control de las cárceles: La reforma constitucional del 9 de abril incorporó a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública. Implica transformarse en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, fortalecer inteligencia penitenciaria, segregar internos por peligrosidad y buscar a los casi 3.800 prófugos que circulan libremente para que cumplan sus condenas.
Control de los puertos: Fiscalización portuaria reforzada, trazabilidad de carga, control tecnológico de contenedores y articulación permanente con la Policía Marítima, Aduanas y la Marina Mercante.
Control de los territorios tomados: Requiere intervenciones integrales y sostenidas. La consigna operativa: Recuperamos, Devolvemos y Evitamos su recaptura.
2. Eficacia policial y del sistema de persecución criminal
Convertir detenciones en sentencias. La eficacia se traduce en cuatro exigencias concretas que este Gobierno ya está aplicando: medir, rendir, planificar y coordinar.
3. Fortalecimiento institucional del Estado
El fortalecimiento institucional opera en cinco dimensiones: respaldo político y legal a Carabineros, Policía de Investigaciones, condiciones materiales de las policías, dotación tecnológica, ampliación de facultades legales, y por último, integración de colaboradores e implementaciones de Leyes.
Acciones concretas ejecutadas contra el crimen organizado
La ministra Steinert detalló que en estos dos primeros meses de gestión, el Gobierno ha realizado más de siete operativos conjuntos entre Carabineros y la PDI, que permitieron la detención de cerca de 7 mil personas en todo el país, junto con históricas incautaciones de droga y contrabando.
En esa línea destaca la mayor incautación de marihuana en 25 años —casi cinco toneladas en una sola operación— y el decomiso 2 millones de cajetillas de cigarrillos, acumulando 5,4 millones, valorizados en más de $14 mil millones que dejaron de financiar estructuras criminales.
En materia de recuperación territorial, el Gobierno relevó el ingreso conjunto de policías y Ejército a Temucuicui, operativo calificado como “un antes y un después” en la presencia del Estado en zonas complejas.
A ello se suman controles migratorios intensivos en Cerro Chuño, La Vega Central y la toma El Boro, además de acuerdos internacionales con el FBI y con gobiernos de Argentina y Bolivia para fortalecer la cooperación fronteriza.
Paralelamente, se anunció una inversión de $4.800 millones para equipamiento de Carabineros, el reforzamiento de la seguridad escolar y el impulso legislativo de nuevas herramientas contra la delincuencia, con cuatro proyectos enviados al Congreso, entre ellos está la ley Sin Escape.
