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Una revisión al rol de la Comercializadora de Trigo (COTRISA) dieron los integrantes de la Comisión de Agricultura, en particular respecto a su definición como empresa estatal poco conocida y reguladora de precios de la industria agroalimentaria.
A la sesión fueron invitados el gerente general de COTRISA, Gonzalo Becerra; y el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, Camilo Guzmán. Éstos respondieron las preguntas de las senadoras Alejandra Sepúlveda (presidenta) y Loreto Carvajal, y del senador Ignacio Urrutia.
ESTABILIDAD DE PRECIOS
Gonzalo Becerra explicó que COTRISA es una empresa estatal creada en los años 80 para participar en el mercado del trigo, particularmente a través de la compra de granos a productores con el fin de contribuir a la estabilidad de precios.
“Nosotros compramos, vendemos, envasamos, almacenamos, transportamos, comercializamos y distribuimos cereales como trigo, maíz, avena y arroz. Nos corresponde aplicar la política del Ministerio de Agricultura con el fin de atenuar las distorsiones de las fallas estructurales de los mercados de cereales en que hay pocos demandantes y oferentes. Por eso la parte que compra es la dominante en las negociaciones y la idea es que ésta no caiga en abusos”, relató.
El ejecutivo también hizo ver que sus instalaciones (dos plantas de almacenaje en Parral y Los Ángeles) cuando no son utilizadas por agricultores que realizan el programa de compra con el ministerio, son arrendadas a privados. “Creemos que debiera revisarse el objeto social e introducir nuevos productos”, manifestó.
En esa línea, la senadora Sepúlveda preguntó qué requiere esta empresa pensando en sus ingresos y el rol social que cumple. “El 97% de COTRISA es pública. Entiendo que en el 2023 intervinieron en el precio del maíz que compraron 18 mil toneladas, ¿a qué precio y cuánto lograron vender? El monitoreo de precios que mencionan, ¿cómo lo hacen? Y el negocio de los arriendos es interesante, ¿cómo opera y qué resultados les ha traído?”, consultó.
Por su parte, el senador Urrutia sinceró que muchas veces el propio ministerio le ha asegurado que COTRISA es privada. “Soy de Parral y conozco la planta (…) El precio internacional del arroz ha bajado, pero los productores no tienen donde entregar, por eso no se cosecha. Tucapel compra el 80% del cereal, pero solo lo hace a los agricultores con los que tiene contratos, Carozzi compra algo pero con capacidad limitada”, explicó.
A su vez, la senadora Carvajal apuntó a la necesidad de hacer competitiva la venta de trigo. “Entonces ¿qué hacen para generar competencia?, ¿intervienen en otros productos como la remolacha y las viñas? Creo que es conveniente oficiar la ministerio y a CORFO para tener más antecedentes”, recomendó. Su petición fue recogida por la instancia.
FERTILIZANTES
Los legisladores también se abocaron a conocer la situación de los fertilizantes de voz de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos, la que aseguró que “Chile enfrenta una crisis de fertilizantes debido a la interrupción de suministros globales por conflictos en Medio Oriente, elevando el precio de la urea más del 70%. Dado que el 85% de los fertilizantes son importados, esta alza crítica afecta la siembra, amenaza la rentabilidad agrícola y anticipa un aumento en los precios de alimentos”.
Cabe consignar que nuestro país no produce urea, por lo que se importa la totalidad de este insumo, principalmente para cultivos clave como el trigo. Usualmente, la demanda por fertilizantes en Chile ronda las 900 mil toneladas anuales y la mitad de ella corresponde a urea.
“Ante esta crisis, se nos ha hablado de recurrir a otros proveedores como Bolivia y Argelia pero es inviable. Bolivia nos ha señalado que no tienen volúmenes de urea para un nuevo comprador porque hoy satisfacen la demanda de países vecinos. Por eso hemos desarrollado una red de contactos en busca de una solución”, explicó Camilo Guzmán.
Complementó indicando que “les solicito como Comisión, interceder para reconocer formalmente que Chile enfrenta una crisis alimentaria, impulsar la ley del grano con transferencia de precios y auditorías de fórmulas de cálculo para motivar a sembrar, establecer reservas estratégicas de cereal; y fortalecer la Fiscalía Nacional Económica (FNE)”.
Así la instancia acordó hacer llegar la información a los ministerios del Interior y Agricultura.