La posibilidad real de disminuir el gasto público
El Instituto Libertad y Desarrollo, LyD, planteó recientemente que a pesar de las críticas y dudas legítimas es posible el anunciado recorte fiscal del 3 % del gasto público. En un escenario de estrechez fiscal, con un plazo incierto de duración de la guerra en el Medio Oriente, este recorte es aún más urgente siendo una prioridad si queremos salir, en un periodo razonable, del estrés fiscal prolongado al que han estado sometidas nuestras finanzas públicas, en los términos planteados por el Consejo Fiscal Autónomo, CFA.
El gobierno anterior planteó que era muy difícil este recorte, puesto que el 92% está regido por ley, por lo que se necesitaba un cambio de ese tipo para poder modificar los gastos. No obstante, este reciente informe propone clasificar el gasto en función de su grado de flexibilidad, identificando aquellas partidas factibles de reasignar o recortar. En sus conclusiones señala que para 2026, los gastos comprometidos vía ley representan el 73% del gasto total y confirma que existe una gran heterogeneidad en los niveles de rigidez.
Por ejemplo, los tres ministerios con mayor porcentaje de su presupuesto comprometido legalmente son: Trabajo, 94%, Educación con 93%, y Transporte, 88%. Por otro lado -afirma- que son 13 los ministerios que presentan un gasto definido por ley inferior al 20%. Ellos son: Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencial, Secretaría General de Gobierno, Interior, de la Mujer, Cultura, Medio Ambiente, Economía, Minería, Energía, Bienes Nacionales, Deporte y Ciencia.
El valor de esta información radica en que otorga viabilidad para la realización de los necesarios ajustes en el gasto público, sin embargo, es necesario acordar criterios respecto a cómo hacerlo. Claramente resulta imposible -a la luz de los datos- realizar un recorte parejo, sin atender a la especificidad y prioridades de cada sector. Segundo, esta tarea debe abordarse como una oportunidad para mejorar la calidad y focalización del gasto público. Este ajuste no debe ser visto como una tarea transitoria, fundada en la emergencia fiscal, sino que debe ser una oportunidad para hacer los recortes permanentes postergados durante años. Al respecto existen informes muy valiosos de distintas reparticiones estatales y centros de estudios que pueden orientar y fundamentar estas decisiones. Entre éstos se destaca el Estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos, CEP.
En consecuencia, este ejercicio debe evaluarse como una oportunidad para reafirmar el compromiso con la sostenibilidad fiscal, limitando el crecimiento de la deuda pública, ajustando los gastos permanentes a ingresos igualmente permanentes y así corregir los reiterados y evitables desequilibrios fiscales.
Respecto del destino de los ingresos extraordinarios, estos debieran recomponer nuestros fondos soberanos. El FEES hoy está en un 1% del PIB, situación que limita la capacidad fiscal para enfrentar cualquier crisis o emergencia.
Ximena Núñez Vega
Colaborador
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
