La economía no puede esperar

Sin duda, el tema económico ha copado la agenda noticiosa, llamando la atención de toda la población. Incluso, diversos grupos sociales ya se han manifestado, aunque las verdaderas políticas económicas aún no han sido publicadas.

El escenario no es auspicioso: enfrentamos un precio alto del petróleo y una actividad económica que muestra señales de estancamiento. El IMACEC registrado hasta ahora —aunque no considera plenamente la acción del actual gobierno— se ubica por debajo de las expectativas, y el Banco Central ha manifestado su preocupación respecto de la posibilidad de alcanzar los niveles de crecimiento proyectados.

Debemos reconocer, sin embargo, que el precio del cobre y el comportamiento del dólar no han constituido, hasta ahora, un factor adicional que agrave el panorama descrito.

En este contexto, existe un amplio consenso en que es imperioso lograr un nivel de crecimiento suficiente para alcanzar el bienestar social que todos esperamos. Ello puede producirse a través de mayores ganancias de las empresas, lo que debería redundar en un aumento en el nivel de los sueldos, así como en una mayor recaudación fiscal que permita financiar los programas y políticas sociales.

Este énfasis en el crecimiento —y no necesariamente en el desarrollo— ha sido defendido incluso por partidos de izquierda durante el propio gobierno del presidente Boric, lo que refleja que hoy existe una preocupación transversal respecto de la urgencia económica.

Históricos economistas, como don Carlos Cáceres, han señalado que el desarrollo económico se construye, en primer lugar, sobre el crecimiento; en segundo lugar, sobre la estabilidad de los precios; y, finalmente, sobre una redistribución del ingreso que permita alcanzar mayores niveles de bienestar. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo se logra ese crecimiento?

Sin duda, la respuesta requiere múltiples factores, siendo la certeza para los inversionistas el elemento de mayor efecto y preponderancia. Esta confianza se construye sobre la base de un marco regulatorio estable, que garantice reglas claras y previsibles en el tiempo.

Con el fantasma de un cambio constitucional que, al menos por ahora, parece haberse morigerado por algunos años, es posible concentrar los esfuerzos en normas de menor rango, particularmente en materias tributarias. En ese sentido, el gobierno ha planteado la posibilidad de una rebaja del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, lo que impactaría directamente en las decisiones de inversión.

Considero que es imperioso desarrollar una discusión clara y técnica al respecto. Si bien una rebaja de este impuesto podría beneficiar a las grandes empresas, también tendría efectos relevantes sobre miles de pequeñas y medianas empresas, que representan una parte sustantiva del tejido productivo nacional y concentran una proporción significativa del empleo. Se estima en 100 mil pymes que hoy están en sistema semi integrado y que serían beneficiadas con esta rebaja impositiva.

Por ello, resulta fundamental iniciar prontamente la discusión en el Congreso, pues la experiencia demuestra que el debate parlamentario —muchas veces alejado de los fundamentos técnicos— puede extenderse entre seis y dieciocho meses, generando incertidumbre en los agentes económicos.

Asimismo, es importante avanzar en medidas que contribuyan a dinamizar sectores específicos de la economía. Una de ellas es la eventual rebaja del IVA en la venta de viviendas. Aunque el impacto en los precios no sería tan significativo, dado que el mercado inmobiliario presenta rigideces y no responde a las fluctuaciones económicas, esta medida podría evitar el congelamiento de proyectos actuales producto del solo anuncio que ha provocado, tal como ya he comentado en otras columnas.

Para motivar la inversión extranjera, también resulta conveniente evaluar un modelo similar al antiguo DL 600 de 1974, que garantizaba estabilidad tributaria a los inversionistas. Esta estabilidad no implicaba necesariamente una tasa de impuestos preferente —que era mayor a la general—, sino la certeza respecto de las reglas aplicables durante un período determinado, así como condiciones claras para el retorno de capitales y utilidades.

Otro aspecto fundamental para generar confianza son los procesos de autorización ambiental. La clave no está en ser más permisivos o irresponsables con la naturaleza, sino en mejorar la eficiencia y la oportunidad en la toma de decisiones. Si un proyecto cumple con las exigencias ambientales, debe avanzar con rapidez; si resulta dañino, debe rechazarse de manera clara y oportuna.

Es necesario avanzar con decisión en estas materias y dejar la discusión exclusivamente en el plano de las declaraciones. El tiempo pasa rápido, y la economía no puede esperar, como tampoco puede hacerlo la población.

Prof. Germán R. Pinto Perry

Director de Programas de Especialización Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC

Universidad de Santiago