La apuesta no es solo cárceles, también reinserción
El reciente debate sobre conmutación de penas y modelos penitenciarios ha estado marcado por reacciones intensas. Como bien plantea la reflexión de la hermana Nelly León, resulta fácil opinar sobre cárceles sin conocerlas. Lo difícil -y urgente- es mirar de frente una realidad que en Chile se ha vuelto inaceptable: condiciones indignas, hacinamiento, escasa reinserción y una lógica punitiva que no resuelve el problema, sino que lo perpetúa.
La privación de libertad en nuestro país no solo implica cumplir una condena, sino también enfrentar condiciones que vulneran estándares mínimos de dignidad. No se trata de relativizar la responsabilidad penal, sino de reconocer que el sistema castiga más allá de la sentencia. Y ese exceso no mejora la seguridad: la deteriora.
En este contexto, resultan especialmente preocupantes los posibles recortes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se podrían realizar a programas de reinserción. Reducir recursos en un sistema ya tensionado no solo es cuestionable desde lo humanitario, sino también desde la eficiencia del gasto público.
El debate sigue anclado en una idea tan intuitiva como errónea: más cárceles y más duras equivalen a mayor seguridad. Sin embargo, la evidencia comparada muestra lo contrario. Los sistemas más eficaces han entendido que no todos los internos requieren el mismo nivel de encierro. Regímenes abiertos o semiabiertos han demostrado reducir la reincidencia, que es el verdadero indicador de éxito en seguridad.
El punto es simple: cada persona que no reincide es un delito menos, una víctima menos y un menor costo para el Estado. Por ello, el gasto penitenciario debe evaluarse no solo por cuánto cuesta encarcelar, sino por cuánto se ahorra cuando se logra la reinserción.
En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo del crimen alcanza cerca del 3% del PIB regional. A la vez, programas de rehabilitación bien diseñados pueden reducir la reincidencia entre un 10% y un 30%, generando ahorros fiscales relevantes.
Chile tiene una oportunidad concreta de avanzar hacia un sistema más inteligente. La creación de centros de baja seguridad para delitos menores, con énfasis en trabajo y capacitación, permitiría reducir costos, aliviar el hacinamiento y mejorar la seguridad. Experiencias como los Centros de Educación y Trabajo demuestran que este camino es viable.
No se trata de debilitar el sistema penal, sino de hacerlo más racional. Insistir en un modelo costoso y con alta reincidencia no solo es ineficiente: es irresponsable. En ese escenario, recortar en reinserción no es austeridad, sino profundizar el problema. La discusión no es cuánto gastar menos, sino cómo hacerlo mejor.
La evidencia es clara: invertir en reinserción reduce el delito y mejora la seguridad. La pregunta no es si las personas privadas de libertad volverán a la sociedad, sino más bien, cómo lo harán.
Maricarmen Garrido
Investigadora Instituto Libertad
