MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Representantes de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) se han reunido con la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, a quien han trasladado la necesidad de alcanzar un consenso político amplio para garantizar la aprobación y eficacia de la Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los menores de edad.
La conocida como ley de alcohol y menores se encuentra en tramitación parlamentaria y supondría "un avance imprescindible para la salud pública", según ha afirmado UNAD. La organización ha recordado que España lleva más de una década sin actualizar la legislación que proteja a la infancia y adolescencia frente al consumo de alcohol.
Desde UNAD han puesto en valor su participación en el proceso de audiencia pública del anteproyecto y su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y la Comisión de Sanidad, en la que informado sobre demandas concretas como, por ejemplo, medidas preventivas basadas en evidencia, límites claros a la publicidad de alcohol y coordinación con recursos educativos y sanitarios para un seguimiento eficaz.
Por otra parte, UNAD ha comunicado a la delegada del Gobierno su posicionamiento sobre las políticas de prevención, tratamiento, reducción de daños e incorporación social relacionadas con las adicciones, así como su visión sobre la reforma de la Ley de Multirreincidencia.
En cuanto a esta última normativa, en trámite parlamentario, la entidad ha expresado su preocupación y ha alertado de que el endurecimiento de penas por delitos leves reincidentes podría vulnerar la proporcionalidad y la equidad, criminalizar la pobreza y los problemas de adicción, saturar los tribunales y cárceles sin mejorar la seguridad ciudadana y alimentar narrativas punitivas sin base empírica.
Además, UNAD ha compartido experiencias sobre temas que le preocupan, como el 'chemsex' y las adicciones sin sustancia, y ha destacado iniciativas para incorporar la perspectiva de género en la atención a las personas con adicciones, específicamente en los casos en los que confluyen con la violencia de género.
También ha insistido en la necesidad de impulsar políticas públicas que prioricen la salud, la incorporación social y la eficacia de los recursos sanitarios y sociales, reforzando el papel del Tercer Sector en el diseño e implementación de programas de adicciones en todo el territorio.
