La Fiscalía Europea investiga 67.000 millones en fraude en la UE, dos tercios ligados a IVA y aduanas
La Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 investigaciones por fraude en la Unión Europea, con un impacto estimado de 67.270 millones de euros, más de dos tercios ligados al IVA y a las aduanas, según su último informe anual, que sitúa en 97 los expedientes abiertos en España, con un daño estimado de 796,2 millones.
El documento, que recoge la actividad de la institución durante 2025, destaca que este tipo de fraude, que consiste en eludir impuestos o aranceles que deberían ingresar en las arcas públicas, está ganando peso frente a los casos relacionados con subvenciones y fondos europeos.
La fiscal general, Laura Kövesi, ha advertido de que el fraude en el IVA y en aduanas genera "beneficios muy elevados con riesgos relativamente bajos", lo que está transformando el ecosistema criminal en la UE y desplazando otras actividades ilícitas tradicionales.
En el caso de España, de las 97 investigaciones en curso, 57 se abrieron a lo largo de 2025 tras recibir 108 denuncias, con un daño estimado de 414,15 millones de euros. Del total de los procedimientos, 23 están vinculados a tramas de fraude fiscal relacionadas con el IVA y los derechos de aduana, mientras que 22 presentan dimensión transfronteriza.
A nivel comunitario, la Fiscalía abrió 2.030 nuevas investigaciones durante el pasado ejercicio, un 35% más que en 2024, con un impacto estimado de 48.700 millones de euros, lo que eleva el volumen total de casos activos a 3.602 a cierre del ejercicio.
Los expedientes relacionados con el uso indebido de fondos europeos --subvenciones, ayudas o programas comunitarios-- representan el 68% de las investigaciones activas (2.450 expedientes), aunque su impacto económico asciende a 18.670 millones, el 27% del total estimado.
En cambio, los delitos ligados al IVA y a las aduanas suponen solo el 27% de los casos abiertos (981 investigaciones), pero concentran el 67% del perjuicio económico total, lo que refleja la elevada rentabilidad de estas redes.
El informe recoge además 512 investigaciones activas relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), instrumento central del plan 'NextGenerationEU', cuyo volumen de pagos previsto hasta 2026 mantiene elevado el riesgo de fraude.
En el plano judicial, la tasa de condena en los casos tramitados por la EPPO se sitúa cerca del 95%, con 275 acusaciones formales presentadas en 2025 --un 34% más que el año anterior-- contra 1.438 personas ante tribunales nacionales.
Durante el año, los jueces autorizaron órdenes de embargo por valor de 1.130 millones de euros, mientras que los activos efectivamente bloqueados ascendieron a 288,9 millones.
La Fiscalía recibió además 6.966 denuncias en 2025, un 6% más que el ejercicio anterior, principalmente procedentes de particulares y autoridades nacionales.
