En 2025, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reportó una disminución significativa en la emisión de licencias médicas: 7.016.470 licencias, cerca de un millón menos que en 2024, equivalente a una caída de 12,9%. Esta reducción implicó un menor gasto del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), estimado en torno a US$675 millones, reflejando avances relevantes en fiscalización y control del uso de recursos públicos.
Estos resultados abren una oportunidad para consolidar mejoras estructurales en la gestión del sistema de salud. En ese contexto, resulta imprescindible considerar la situación financiera de la red pública y su relación con los proveedores que aseguran el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos críticos.
Actualmente, la deuda del Ministerio de Salud, Fonasa y Cenabast con proveedores supera los US$150 millones, cifra que podría acercarse a los US$500 millones al incorporar a municipalidades y corporaciones municipales. Esta situación tensiona la cadena de suministro y afecta la continuidad de la atención.
Profundizar la fiscalización, fortalecer la gestión y mejorar la eficiencia del gasto público es clave para avanzar hacia un sistema de salud financieramente sostenible, que cumpla oportunamente con sus compromisos y garantice el acceso continuo a insumos esenciales para la población.
Claudia Papic
Vicepresidenta Ejecutiva
Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos