Tres detenidos en registros en el Colegio de Europa y el SEAE por un supuesto fraude de financiación
BRUSELAS 2 Dic. (EUROPA PRESS) - Tres personas han sido detenidas en el marco de una operación policial por un presunto fraude de financiación que implica al Colegio de Europa de Brujas y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, cuyas sedes han sido registradas en una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO).
La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación con fondos europeos de jóvenes diplomáticos, ha informado la misma EPPO. Siguiendo su petición, la policía belga realizó registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en la sede del SEAE en Bruselas y en las viviendas de los sospechosos, siendo tres de ellos detenidos.
En rueda de prensa desde Bruselas, los portavoces del Ejecutivo europeo y del SEAE han evitado entrar en detalles. La portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha confirmado la redada en la sede del servicio diplomático europeo, apuntando que la operación está relacionada con actividades "del mandato anterior", esto es la etapa de Josep Borrell al frente del SEAE, si bien no han desvelado la identidad ni el posible cargo de los detenidos.
En el foco de la Fiscalía está el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa en Bélgica en una licitación para el curso 2021-2022.
Las sospechas se centran en que en el proceso de licitación del programa "se vulneró la competencia leal" y "se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes".
Los hechos investigados se remontan a los años en los que el SEAE estaba dirigido por Josep Borrell, mientras que el Colegio de Europa estaba presidido por Federica Mogherini, ex jefa del SEAE, que sigue actualmente en el puesto en el centro educativo.
Estos episodios fueron comunicados a la agencia anticorrupción europea (OLAF), ya que podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.
