Dirección de Presupuestos entrega sexto balance sobre sumarios por mal uso de licencias médicas

(www.dipres.gob.cl)

La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el sexto balance sobre el avance de los sumarios instruidos el 20 de mayo por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas. Se trata de uno de los informes periódicos comprometidos por la cartera luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara viajes de funcionarios públicos fuera del país mientras estando con licencia entre 2023 y 2024, en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9.

En aquella oportunidad, mediante el oficio circular N°16 de 2025, el Ministerio de Hacienda instruyó a las instituciones públicas del Gobierno Central iniciar procesos disciplinarios contra las funcionarias y funcionarios involucrados ante situaciones de incumplimiento de reposo a través de licencias médicas o que han incurrido en conductas que hagan procedente el rechazo de éstas.

En el intertanto, Contraloría ha publicado también el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°10 de atención de partos durante períodos de licencia, CIC N°13 de licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público, de CIC N°14 de salidas del país durante licencias en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; CIC N°15 de asistencia a casinos de juego durante licencias médicas, y CIC N°16 por salidas del país de funcionarios de servicios públicos con presencia regional.

Así, al 15 de octubre, las instituciones reportan 28.028 funcionarios del nivel Central involucrados en casos de mal uso de licencias identificados por la Contraloría, contrastando con los 27.778 funcionarios involucrados que fueron informados en el reporte anterior. Esto se explica principalmente por los casos de salidas del país de funcionarios de servicios públicos con presencia regional (CIC N°16), que fueron identificados en cada servicio tras la fecha de corte del reporte anterior.

Del total, 23.140 funcionarios continúan en el servicio, mientras que ya no se encuentran otros 4.888 trabajadores y, de éstos, 2.670 están siendo objeto de sumario administrativo, aun cuando ya no se desempeñan en su respectivo servicio.

Con todo, se identifican 25.810 personas que trabajan en el Estado cuyos casos se deben investigar mediante sumarios administrativos: 35% de los casos son por salidas del país, 1% por atención de partos, 5% corresponde a emisores investigados penalmente, 6% a salidas del país en FFAA y de Orden y Seguridad, 23% por asistencia a casinos de juegos y 30% por salidas del país en servicios regionales. De este total, 22.954 de los sumarios asociados han sido instruidos y 20.794 de los funcionarios a los que se les aplicará sumario continúan con los procesos en curso. En tanto, 2.160 sumarios ya cuentan con alguna resolución: 1.598 procesos están a la espera del cierre y 562 han sido cerrados con alguna resolución ejecutoriada.

La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días. Considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $36.008 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.

Finalmente, es necesario recordar que los sumarios administrativos tienen etapas y plazos máximos legales, iniciando por una investigación de los hechos (20 días hábiles, prorrogables a 60); luego con la presentación de descargos (5 días hábiles, prorrogables en 5 días hábiles); rendición de prueba (hasta 20 días hábiles); e impugnación (5 días hábiles); sumado a otros plazos que se pueden fijar para la realización de diligencias. Todas estas etapas son trámites esenciales que no se pueden omitir. El derecho del funcionario a formular descargos, presentar prueba y recurrir son parte del debido proceso. Adicionalmente, según lo establecido en el Estatuto Administrativo, el funcionario que sea designado fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos, por lo que el avance de los procedimientos también está determinado por la disponibilidad de funcionarios que cumplan con esta condición.