La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), junto a nueve sociedades autonómicas, manifiestan su "firme y conjunta" oposición con la creación a la creación de la especialidad de Genética de Laboratorio, que "no garantiza que se refuerce ni se amplíe la capacidad del sistema para atender de manera efectiva las necesidades de salud de la población".
De este modo, la Sociedad Balear de Laboratorio Clínico, Asociación Canaria del Laboratorio Clínico (ACLAC), Asociación de Analistas Clínicos de Extremadura (ANCLEX), Asociación Valenciana de Especialistas en Laboratorio Clínico (AVELAC), Sociedad Castellanomanchega de Medicina de Laboratorio (LABCAM), Sociedad Asturiana de Bioquímica y Análisis Clínicos - Medicina de Laboratorio (SAByAC ML), Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, Medicina del Laboratorio (SANAC) y Sociedad Castellanoleonesa de Análisis Clínicos (SCLAC) y la Sociedad de Medicina de Laboratorio de la región de Murcia (SOMELMUR), apuestan por la creación de un Diploma de Acreditación Avanzada para esta área funcional que consideran "constituye una alternativa viable".
La genética de laboratorio forma parte del núcleo competencial del Laboratorio Clínico y ha sido desarrollada durante décadas con altos estándares de calidad, responsabilidad y evidencia científica. "No se trata de una disciplina externa ni añadida, sino de una competencia estructural inherente que los especialistas ejercen con solvencia y rigor, respaldados por su trayectoria y resultados clínicos contrastados", afirman.
Las entidades firmantes consideran que cualquier revisión del mapa de especialidades sanitarias debe fundamentarse en un análisis "exhaustivo y riguroso" que evalúe sus repercusiones sobre el Laboratorio Clínico, garantizando así la preservación de la excelencia asistencial. En este sentido, apelan a la "serenidad, la cohesión y la claridad" entre los profesionales, promoviendo un diálogo constructivo sustentado en una formación sanitaria especializada en genética diagnóstica, biología molecular y medicina de precisión, pilares fundamentales para la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
Consideran que corresponde a la Comisión Nacional de la Especialidad actualizar los programas formativos y proponer, cuando sea necesario, medidas de refuerzo utilizando las herramientas oficiales disponibles, como la ampliación del periodo formativo a 5 años o la creación de Áreas de Capacitación Específica, conforme a lo establecido en el Real Decreto 589/2022.
Las sociedades científicas consideran que la propuesta del Ministerio "no responde a carencias formativas o tecnológicas reales, sino a una problemática laboral generada por la contratación de personal no sanitario sin la formación sanitaria especializada requerida para el desempeño de funciones asistenciales". Según su experiencia, la solución no debe centrarse en la fragmentación de competencias, sino en el fortalecimiento y consolidación de las estructuras formativas actualmente vigentes.
Además, advierten que esta propuesta vulnera los principios establecidos en el Real Decreto 589/2022, normativa que dirige cualquier regulación hacia la eficiencia, la cohesión y la calidad asistencial.
"La medida no solo impide una gestión racional de los recursos públicos, sino que también fomenta la fragmentación de la formación de los profesionales y de la asistencia sanitaria, generando compartimentos estancos que comprometen la continuidad y la integración de los cuidados", afirman.
No obstante, las entidades reiteran su firme disposición a colaborar con la Administración sanitaria en el diseño de alternativas fundamentadas en la eficiencia, la evidencia científica y la coherencia estructural. Confían en que el trabajo conjunto permitirá adecuar "la oferta formativa a las necesidades reales del sistema sanitario y de la ciudadanía, evitando duplicidades y solapamientos contraproducentes".
