La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha exigido el desarrollo de una Estrategia Estatal de Salud Pública frente al Cambio Climático que integre medidas de mitigación y adaptación, ante las más de 8.000 muertes anuales que se estima que los fenómenos meteorológicos extremos causan en España.
La FADSP ha presentado este viernes el informe 'El cambio climático y sus consecuencias', del que se desprenden este y otros datos sobre el impacto que están teniendo las variaciones en el clima a nivel mundial y nacional, con el fin de difundir una "alarma sanitaria, ecológica y social" que requiere atención inmediata.
"Podemos afirmar con rotundidad que el cambio climático ya es el principal determinante estructural de la salud de nuestras sociedades. Y, como tal, exige esa respuesta firme, contundente, por parte de las autoridades sanitarias y políticas", ha aseverado en rueda de prensa el vicepresidente de la FADSP, Sergio Fernández.
El documento publicado por la federación recoge que el 45 por ciento de las muertes notificadas en el mundo desde 1970 están vinculadas al cambio climático y, en el mismo periodo, las pérdidas económicas por esta causa representan el 74 por ciento. Pese a ello, denuncia que gran parte de los gobiernos, incluidos aquellos de los países más contaminantes, como son los miembros de la Unión Europea, Estados unidos, China e India, realizan "escasos" esfuerzos al respecto.
"Hemos perdido la oportunidad de mantener el calentamiento global por debajo de la temperatura que se había pactado para prevenir millones de muertes relacionadas con el cambio climático", ha lamentado la vocal de la FADSP Carmen Sánchez, quien ha detallado los datos contemplados en el informe.
GASES CONTAMINANTES
Los principales responsables de esta crisis son los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, junto con las partículas en suspensión y el ozono troposférico.
En España, más de 32 millones de personas, esto es, el 68 por ciento de la población, respiraron aire contaminado en el año 2023. La contaminación del aire en el país se ha incrementado en un 30,5 por ciento, con Murcia, Canarias, Comunidad de Madrid, Asturias y Cataluña a la cabeza de las comunidades más perjudicadas.
En 2014, la contaminación provocó 38.600 muertes en España, siendo las afecciones respiratorias, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, los trastornos del desarrollo infantil y las enfermedades mentales las más asociadas a la exposición a la mala calidad del aire.
"Hoy sabemos algo importante, y es que esas partículas más pequeñas, que son las que entran más fácilmente en los pulmones y producen enfermedades respiratorias, entran también en los vasos sanguíneos, los afectan, entonces esa contaminación podría ser el segundo o el tercer factor de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y esto es muy importante porque hasta ahora no se había estudiado", ha explicado Sánchez.
Sobre las olas de calor, el informe señala que, en 2022, murieron más de 11.000 personas por este motivo en España, que se sitúa como el quinto país del mundo con más muertes por esta causa, siendo las mujeres mayores el grupo más afectado. Estas muertes podrían reducirse en un 70 por ciento si se adoptaran medidas urgentes para reducir las emisiones de carbono.
En este punto, Sánchez ha precisado que la primera ola de calor del verano es la más peligrosa y mortífera, ya que el organismo necesita un tiempo para acostumbrarse a las temperaturas extremas y al aparecer estas "de repente", las personas más frágiles afrontan un riesgo mayor.
Además, como destaca el documento, el calentamiento global está favoreciendo la llegada y expansión de enfermedades antes ausentes en España y su entorno, como el dengue, la fiebre chikungunya o la vibriosis. "La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos está advirtiendo de la pérdida de avance de la lucha global contra la malaria, desgraciadamente. Se ha hecho una lucha muy fuerte, pero puede haber un retroceso porque este calentamiento está facilitando la expansión de la malaria a zonas templadas de Europa ya", ha añadido la vocal de la FADSP.
En cuanto al impacto económico, el informe estima pérdidas globales de 3,8 billones de euros anuales, que podrían alcanzar los 34 billones en 2050. En España, las pérdidas por habitante se multiplicaron por 26 entre 2017 y 2022. La agricultura, la construcción y los servicios están entre los sectores más afectados. Sin embargo, la inversión pública de España sigue siendo insuficiente, con solo un 1,8 por ciento de su PIB destinado a protección ambiental, un 20 por ciento menos que la media de la UE.
La población está cada vez más preocupada: el 79 por ciento teme por el futuro de sus hijos ante el cambio climático; el 74 por ciento teme los efectos del calor y el frío extremos, y el 71 por ciento por el coste de mantener una temperatura adecuada en casa. Más del 80 por ciento ya adopta medidas cotidianas para reducir su impacto, como ahorrar energía, reciclar, evitar el desperdicio de alimentos.
EL SISTEMA SANITARIO NO ESTÁ PREPARADO
El presidente de la FADSP, Manuel Martín, ha aseverado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "no está bien orientado" para afrontar los problemas de salud que suponen el cambio climático. Según ha denunciado, las autoridades políticas nacionales e internacionales son "remisas y tímidas" a la hora de poner medidas reales y contundentes para afrontar este problema.
La federación ha propuesto 10 medidas urgentes, entre las que se encuentra el desarrollo de una Estrategia Estatal de Salud Pública frente al Cambio Climático, para proteger al planeta y, con ello, la salud de la población.
Así, reclama declarar el cambio climático como emergencia sanitaria e incluirla en todos los planes del Sistema Nacional de Salud, reforzar los sistemas de alerta temprana y respuesta ante fenómenos extremos, proteger activamente a los colectivos más vulnerables con programas específicos e incorporar la salud ambiental a la Atención Primaria mediante la formación de los profesionales.
A estas sugerencias se suman rediseñar las ciudades para hacerlas más saludables y resilientes, reducir las emisiones del propio sistema sanitario, fomentar la investigación sobre salud y clima, aplicar una fiscalidad ambiental justa que grave más a quien más contamina, e implicar a la sociedad civil y al sistema sanitario en la gobernanza climática.
