Acelerar los Planes Reguladores Comunales: una urgencia para el desarrollo urbano justo y sostenible de nuestra comunas.
La reciente instrucción de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que otorgó un plazo de 20 días a todos los municipios para informar sobre el estado de avance de sus Planes Reguladores Comunales (PRC), vuelve a poner en el centro del debate una de las tareas más fundamentales —y, paradójicamente, más rezagadas— de nuestra planificación urbana.
De acuerdo al “Barómetro normativo de AGS Visión Inmobiliaria”, el 62% de las comunas del Gran Santiago están tramitando actualizaciones de sus PRC desde hace más de cinco años. Esta realidad no solo refleja una deuda pendiente en términos de gestión municipal y coordinación sectorial, sino que expone a millones de personas a un desarrollo urbano improvisado, desequilibrado y muchas veces injusto.
Los PRC son mucho más que un requisito técnico o administrativo. Son, en lo esencial, la carta de navegación urbana de cada comuna. A través de este instrumento se definen usos de suelo, densidades, sistemas de movilidad, áreas verdes, zonas protegidas, y, en suma, las reglas del juego sobre cómo crece y se transforma un territorio. No contar con un PRC actualizado o, peor aún, no contar con ninguno, es condenar a una comuna al desarrollo sin brújula, sujeto a presiones del mercado o a decisiones fragmentadas sin visión de largo plazo.
Casos como el de Estación Central —símbolo de una densificación extrema y mal integrada— son una advertencia de lo que puede ocurrir cuando los marcos regulatorios no se actualizan oportunamente. Tal como advirtió la Seremi Carolina Casanova, la ausencia de regulación puede permitir la proliferación desmedida de edificaciones, sin el soporte adecuado en infraestructura, servicios ni calidad de vida para sus habitantes.
Pero esta urgencia no solo interpela a las autoridades. Como ciudadanos, tenemos el deber de informarnos sobre el estado de los PRC de nuestras comunas, exigir su actualización oportuna, y participar activamente en los procesos de consulta ciudadana. Cada modificación o actualización incluye etapas formales de participación, y muchas veces el desconocimiento impide corregir a tiempo decisiones que podrían afectar negativamente a barrios completos o a propiedades particulares.
Participar en la planificación urbana ya no es una opción marginal: es una forma concreta de proteger el patrimonio individual y colectivo, de influir en el futuro de nuestras ciudades y de exigir coherencia entre el discurso de una ciudad “más justa” y las herramientas concretas que deben hacerlo posible.
La planificación urbana no puede seguir siendo postergada. Actualizar los PRC con visión técnica, participación informada y sentido de urgencia es clave para que nuestras ciudades crezcan de manera equilibrada, segura y habitable.
