En el marco del caso ProCultura, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE), encabezado por el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, mantiene un conflicto legal con la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación ProCultura. Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE tras el término anticipado del proyecto “Quédate”, iniciativa orientada a la prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental.
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2023, cuando el GORE puso término anticipado al programa “Quédate”, financiado con más de $1.683 millones. La decisión se basó en incumplimientos contractuales por parte de la fundación, basada en la no entrega de información bancaria obligatoria que se le requirió por parte del organismo.
Para garantizar el correcto uso de los recursos que se le entregaron a la fundación, una de las condiciones del Gobierno de Santiago para aprobar el proyecto de prevención del suicidio “Quédate”, fue exigir un seguro por el 100% de los recursos comprometidos para el proyecto. Sin embargo, una vez que se puso término al convenio y al hacer efectivas las garantías el GORE fue bloqueado por una medida prejudicial precautoria, en diciembre de 2023, dictada por el 8º Juzgado Civil de Santiago, solicitada por la propia aseguradora ASPOR, que acusó deficiencias en el requerimiento original de cobro. Pese a que el Gobierno Regional de Santiago subsanó los antecedentes días después, la medida se mantuvo vigente hasta la fecha y derivó en una controversia judicial.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que: “somos la única institución pública en Chile, que exigió el 100% de garantía de los recursos, mucho antes del escándalo de los Convenios. Por eso, tenemos la certeza que vamos a recuperar hasta el último peso de Procultura”. Claudio Orrego agregó, además: “que una compañía se resista a pagar es lo que le pasa a todos los chilenos que han contratado un seguro por robo, temporal, incendio o robo de auto, y las aseguradoras no se lo quieren pagar. ¿Y quién nos defiende? El Consejo de Defensa del Estado y la Comisión de Mercado Financiero. Estoy convencido en que vamos a recuperar hasta el último peso de esta causa”, señaló.
Ante la negativa reiterada de ASPOR a cumplir con el pago, el GORE Metropolitano denunció a la aseguradora ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que en julio de 2024 le impuso una multa de 1.000 UF por el incumplimiento. Posteriormente, el Gobierno Regional emitió una circular, dirigida a municipios, ministerios, otros gobiernos regionales y servicios públicos, informando la decisión de no aceptar más pólizas de ASPOR en futuros convenios, argumentando riesgos para el patrimonio público. Parte de la circular exponía lo siguiente:
“Resulta altamente preocupante para este Gobierno Regional, el mal uso de las pólizas de seguro, lo que provoca un gran daño al sistema de contratación pública, cuyos instrumentos de garantía se introdujeron en la legislación con el objeto de eliminar barreras de entrada para la participación en licitaciones regidas por la Ley Nº 19.886 para el caso de la contratación de ejecución de obras, bienes y servicios, y por la ampliación del tipo de garantías que requiere la Ley Nº21.640 de Presupuestos del Sector Público, respecto de los convenios de transferencias a instituciones privadas, por lo que también hemos alertado al Ministerio del ramo para que se revisen y perfeccionen la normativa que rige a las mismas”.
Por su parte, ASPOR interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, calificando la circular como una represalia ilegal y una sanción improcedente dictada sin procedimiento alguno. No obstante, el 29 de noviembre de 2024, la Corte rechazó el recurso, argumentando que la controversia ya estaba siendo resuelta por instancias judiciales y que el Gobierno Regional actuó dentro de sus facultades al velar por la protección de fondos públicos. La Corte Suprema en marzo de este año, confirmó la sentencia, avalando el actuar del Gobierno Regional.
Según antecedentes recopilados por el GORE Metropolitano, al menos otras cuatro aseguradoras habrían recurrido a estrategias similares, lo que motivó un oficio a nivel ministerial con el fin de revisar la normativa vigente.
Actualmente, el Gobierno Regional Metropolitano sigue adelante con la causa civil representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que además también representa a la CMF por el reclamo que interpuso la aseguradora en su contra, por la multa cursada, que se está conociendo en la Corte de Apelaciones de Santiago.
