I. ANTECEDENTES
La sociedad chilena y el Congreso Nacional han participado en los últimos años de un prolongado debate sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones. En ese debate ha quedado de manifiesto una serie de aspectos que han logrado trascender las diferencias de ideas sobre la materia.
En particular, se ha coincidido en que un sistema de pensiones debe ser capaz de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad de ingresos en la etapa pasiva, premiar la cotización recurrente durante la vida laboral, y mitigar riesgos que no son administrables por las personas. Ningún mecanismo de contribución y beneficios por sí solo puede asegurar, de manera sostenible, estos objetivos, lo que hace necesario combinar, de manera coherente y eficiente, mecanismos complementarios, así como los aportes, en materia de recursos y de gestión de diversos actores.
El actual sistema de pensiones chileno adolece de limitaciones que afectan su capacidad de lograr los objetivos citados para el conjunto de la población lo que se hace particularmente evidente en su pilar contributivo. Después de haberse creado la Pensión Garantizada Universal, estas limitaciones se concentran en personas con alta densidad de cotizaciones previsionales, especialmente mujeres, que han cotizado muchos años, haciendo necesaria una reforma que provea una respuesta eficaz y sostenible a estos desafíos.
Por otra parte, el sistema de pensiones puede atenuar los problemas que provienen de una situación estructural de informalidad y bajos sueldos para una mayoría de trabajadores, pero no es el instrumento indicado para resolver esas situaciones, lo que lleva a definir que sea la tasa de reemplazo en relación a los ingresos imponibles la variable a utilizar para medir la suficiencia del sistema.
Durante el actual período presidencial y parlamentario se han discutido numerosas propuestas y alternativas respecto del contenido de dicha Reforma. Tras la presentación del proyecto de Reforma Previsional del Gobierno se produjeron las votaciones pertinentes en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando origen a un texto que ingresó al Senado con significativos vacíos e inconsistencias. La Comisión de Trabajo del Senado, por su parte, condujo un proceso de audiencias en que se escuchó a más de 40 participantes y encargó a una Comisión Técnica el análisis de alternativas en las diversas materias cubiertas por el proyecto del Ejecutivo. Luego de darse cuenta del Informe de la Comisión, el Ejecutivo presentó el documento “Marco para la Discusión en Particular del Proyecto de Reforma Previsional en el H. Senado”.
En este escenario, quizás el avance más relevante y reconocido públicamente en la discusión consistió en el encargo que tanto gobierno como oposición hicieron a una Comisión Técnica, compuesta por profesionales de reconocida experticia y conocimiento en materia de sistemas previsionales para el análisis de alternativas en las diversas materias cubiertas por el proyecto del Ejecutivo y cuyas conclusiones deben servir de fundamento para el avance futuro del proyecto.
Sobre la base de este conjunto de aportes, la Comisión de Trabajo está en condiciones de definir los siguientes pasos en la tramitación del proyecto.
II. TEMAS PRIORITARIOS A TRATAR EN LA TRAMITACION
La reforma de pensiones deberá:
1. Desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para pensiones, que involucren la tasa de cotización, la disminución de la informalidad previsional e incentivos a prolongar la vida activa. Es muy importante que la reforma no contenga elementos que desincentiven las cotizaciones.
2. Establecer parámetros objetivos y claros para la determinación de la PGU, de tal forma de evitar el populismo con este pilar clave del sistema de seguridad social y de importante implicancia fiscal.
3. Modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones para incrementar la competencia en precios y rentabilidades, la que ha demostrado ser actualmente insuficiente debido a la inercia de la demanda. Estas modificaciones deben evitar tener impactos negativos en la rentabilidad de los fondos.
4. Perfeccionar aspectos de la gestión de fondos con el objetivo de elevar el retorno de los mismos.
5. Incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo, a través de un seguro social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad de cotizaciones .
6. Durante el período de vigencia del seguro social señalado precedente, se deberá generar un fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados.
7. Se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres, que tengan igual condiciones de jubilación (edad y ahorro), obtener la misma pensión.
8. Se deberá velar por el reconocimiento de los aportes que hagan los cotizantes o sus empleadores a su nombre.
9. Fortalecimiento de la institucionalidad previsional, tanto en la determinación de los parámetros del sistema como en velar por la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo.
III. METODOLOGIA Y PLAZOS
La Sala del H. Senado autorizará que la Comisión de Trabajo y Previsión Social discuta el proyecto en general y particular a la vez.
Sobre esa base, el proyecto seguirá su tramitación en la referida comisión en la forma de votaciones ad-referéndum, las que desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso. El proyecto deberá quedar despachado a sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero 2025.
Las votaciones ad-referéndum irán incorporando indicaciones que serán analizadas por una instancia técnica, conformada por representantes de los Senadores y Senadoras de la Comisión, así como del Ejecutivo. En dicha instancia se buscarán los acuerdos más amplios posibles, sin perjuicio de que aquellos que no logren alcanzarlos se resuelvan por votación.