El “verdugo” del patrimonio
Durante mes se celebra el Día de los Patrimonios, fecha en que resulta clave reflexionar en torno a la conservación y protección de lugares de alto valor arquitectónico, histórico y cultural, fundamentales para mantener la memoria y la identidad en Chile.
Como país, estamos orgullosos de nuestro patrimonio en sus distintas manifestaciones: celebramos expresiones artísticas tradicionales, protegemos sitios de significación cultural, se realizan recorridos y designan “patrimonios culturales vivos”. También se entrega la calificación de monumentos o zona típicas a lugares de valor excepcional, según los lineamientos de la UNESCO. Sin embargo, se trata de reconocimientos vía de decreto, pero no hacemos nada para la recuperación de los mismos.
La Ley de Monumentos Nacionales vigente -que data de 1970-, no entrega ninguna herramienta para promover la conservación de los bienes muebles e inmuebles declarados monumentos o de interés de conservación. Es ampliamente conocido que esta norma no fomenta la protección de los lugares sino que, por el contrario, se ponen trabas a esta tarea.
Desde el 2005, los bienes declarados como Monumento Nacional están exentos del pago de contribuciones cuando no tienen fines de lucro, pero esto no es suficiente para incentivar su conservación y, prácticamente, todos los inmuebles que tiene esta calificación, terminan en la ruina. Así, por ejemplo, cuando esta declaratoria recae sobre un lugar -edificios, casonas o iglesias y otros- no es fácil realizar transformaciones pues se debe contar con la burocrática aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales.
Como vemos, resulta una paradoja que la ley que pretende conservar el patrimonio se transforme en el “verdugo” que lo liquida. Todos quienes han pasado por algún proceso relacionado con la conservación patrimonial ya tienen claro el diagnóstico, el que ha sido planteado en reiteradamente a los gobiernos y a la sociedad civil. Los esfuerzos por mejorar la ley han quedado en nada.
La modificación de la norma que buscaba ampliar la tipificación, descentralizar la gestión e incentivar la protección de los bienes valiosos mediante la inyección de recursos fue dilatado por la entonces oposición, impidiendo que se aprobara la iniciativa.
El proceso fue truncado a comienzos del año pasado, cuando se pidió realizar una consulta indígena previa, la que se encuentra en pausa. Dada la total inactividad de este proyecto de ley, lo más probable es que este no logre ver la luz en el actual periodo de gobierno. Sin estos cambios, cualquier restauración arquitectónica se estanca, invalida y, finalmente, se pierde.
Es urgente retomar el debate parlamentario para contar con una ley que no solo proteja sino que incentive la protección del patrimonio, dando, al mismo tiempo, valor a nuestra historia y, particularmente, a la identidad del país.
Daniel Schmidt M.
Decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente
Universidad Autónoma de Chile
