Cinco bases para un acuerdo
Ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente cuando sometida al riesgo que representan males como una activa delincuencia, el sistemático terrorismo, la expansión del narcotráfico, la permanente amenaza contra la vida y la propiedad. Nuestro país se encuentra invadido por estos graves problemas, y su carácter creciente se denota no sólo a través de las estadísticas de que disponemos, sino también por el conocimiento que cada cual tiene de lo que sucede en su entorno familiar y social. Se ha escrito bastante sobre esto, y también han abundado las declaraciones políticas que aseguran que hay mayor control, aunque en realidad los recursos con que se cuenta para ello son inferiores a lo requerido. Se trata, por una parte, de recursos materiales que tienen que ver con adecuado equipamiento para que las policías puedan desarrollar su tarea de control y persecución de la delincuencia. Por otro lado, se trata también de empoderar a las policías de las suficientes facultades para reprimir la ocurrencia del crimen y castigar a los criminales. Pero, en realidad, todo esto no es suficiente si no se cuenta, además, con una justicia que efectivamente cumpla con la necesidad de castigar severamente el crimen que hoy, en ausencia de castigo suficiente, se practica con relativa impunidad. Es en esta trilogía compuesta por recursos materiales para la policía, empoderamiento de las mismas en el cumplimiento de su misión, y justicia que efectivamente logre castigar al delito, radica el camino para restaurar la paz en una sociedad que hoy vive con miedo y desconfianza.
Las recientes declaraciones del General Director de Carabineros han obtenido significativo respaldo en la opinión ciudadana. No se trata de que se haya efectuado una amenaza. Lo que ha hecho es poner de relieve que no se puede seguir soportando la muerte o grave daño a los hombres y mujeres a cargo de la función policial, y tampoco que resulta aceptable seguir con la actual tasa de ocurrencia de robos y homicidios. Eso no es negociar sobre la base de amenazas. Se trata, simplemente, de poner ante el país la necesidad de una política definida en esta materia, con recursos y atribuciones suficientes para la policía un régimen judicial acorde a la necesidad de enfrentar en sus bases, esta verdadera emergencia nacional. Y esta es una materia que necesita definiciones políticas al más alto nivel, puesto que el sistema hoy día carece de un acuerdo integral sobre las materias aludidas: recursos, atribuciones, justicia empoderada. Se ofreció al país un diálogo sobre estos temas en busca de un consenso para poder avanzar efectivamente en materia de seguridad ciudadana. Nada pasó con ello, más allá de las explicaciones que nunca harán justicia a quienes son y serán víctimas de esta verdadera calamidad nacional. Urge revisar las dificultades administrativas y financieras que están impidiendo un efectivo el control del delito. Y revisar también los instrumentos legales si es cierto el recurrido argumento de que hay leyes “mal hechas” que están dificultando el adecuado hacer de la justicia. Y también necesario es decirlo: todo esto se da en un ambiente de permisividad ante la inmigración descontrolada que ha inundado a todas las ciudades de Chile. Controlar la inmigración, y no solamente proceder a su más adecuado registro, es parte fundamental de una agenda de seguridad que no parece despertar compromiso en nuestro mundo político.
Pero lo que no puede pasar es que sea la propia autoridad la que esté otorgando una señal de permisividad, indultando a personas cuyo prontuario no los haría elegible en circunstancias normales. El país se encuentra sorprendido por esto, más allá de los argumentos en pro de este instrumento que siempre estuvo en manos de las autoridades, pero nunca había sido utilizado con permisividad. La señal ha sido inoportuna y grave en las actuales condiciones en que se desenvuelve el crimen y la violencia en el país.
Más recursos para reprimir el delito, mayores atribuciones efectivas para las policías, una justicia empoderada para castigar debidamente, un severo control a la inmigración ilegal y la no provisión de señales de permisividad delictual, son las bases de un verdadero acuerdo nacional.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
