Agua Circular: el proyecto que dinamiza el acceso y transparenta el costo de los derechos de aguas
Tras 10 años de tramitación, el pasado 12 de enero el Congreso despachó la ley que reforma el Código de Aguas, introduciendo priorización del consumo humano, mejores herramientas de protección a las funciones ecosistémicas del agua y mayores exigencias respecto del uso efectivo de los derechos de aprovechamiento, temas que la startup Agua Circular ha estado ayudando a resolver desde 2013 a través una innovadora plataforma que trabaja en reasignación de las aguas hacia usos efectivos, con énfasis en agua potable, usuarios vulnerables y proyectos que aportan a la sustentabilidad del ciclo hidrológico.
En la actualidad la reasignación de los derechos de aprovechamiento en Chile se produce vía transferencias, bajo el mismo régimen que los bienes raíces, aunque con una única gran diferencia: El Estado no tiene un avalúo fiscal para los derechos de aguas.
Al respecto Christian Valenzuela, fundador de Agua Circular, afirma que “en Chile existe poca información pública y sistematizada sobre cuánto cuesta acceder a derechos de aprovechamiento que permitan utilizar legal y ordenadamente el agua de miles de fuentes superficiales y subterráneas”.
¿Cuál es el siguiente paso?
Este 2022 Agua Circular avanza a un siguiente nivel, poniendo a disposición del público una nueva aplicación dentro de su plataforma. Se trata de un nuevo espacio gratuito que dispone de información georreferenciada y sistematizada de los precios de mercado efectivamente pagados por derechos de aprovechamiento de aguas. Para ello, Agua Circular utiliza datos propios sobre transacciones históricas a nivel del subcuencas para aguas superficiales y de sectores acuíferos en aguas subterráneas.
Esta plataforma fue lanzada días antes de que la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobara este 3 de febrero una norma que deroga el actual Código de Aguas y caduca todos los derechos de aguas que se otorgaron durante su vigencia, sin indemnizaciones para los sectores de agroindustria, minería, forestal, sanitarias y “cualquier otro uso a escala industrial que involucre el uso intensivo de agua”. Al respecto Valenzuela señala que “debemos recordar que hoy gran parte de los usuarios no obtuvieron sus derechos de manos del Estado, sino que los compraron en el mercado, pagando altas sumas de dinero para poner en marcha sus proyectos. La caducidad sin indemnización propuesta tendría un efecto económico peligrosísimo, sería literalmente una usurpación que continuaría en conflicto en instancias internacionales. Nuestro nuevo portal de precios georreferenciados da una pista de lo que en realidad costaría expropiar según dónde se ubiquen los derechos de aguas”.
