El convenio da cuenta de la voluntad de las partes para dar solución a sus discrepancias. Más aún, dicho acuerdo entrega un marco de referencia para cualquier cambio a los términos del mismo, reduciendo la incertidumbre respecto a cualquier nuevo proceso de negociación y acotando los posibles efectos sobre el negocio del emisor y, por ende, sobre su EBITDA.
Ello después que el gobierno saliente interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por el riesgo que implicaría para la libre competencia el que Tianqui adquiriera el 32% de la productora de litio SQM que la canadiense Nutrien tiene en venta, bloqueando eventuales ofertas chinas.
Cerrando todo ahora, Ponce destraba la posibilidad de negociar una eventual venta de sus acciones, lo cual también es aplicable a la accionista “Potash”, la que está obligada a vender cuanto antes su participación en SQM dadas las exigencias impuestas por las autoridades reguladoras de India para concretar uno de sus proyectos más relevantes: su fusión con la empresa “Agrium”.
Corte de Apelaciones respaldó el acuerdo para una salida alternativa alcanzado entre la empresa y la Fiscalía, y que le implica a SQM el pago de $2.550 millones, de los cuales $900 millones van a beneficio fiscal y el resto será repartido entre varias fundaciones.