En el fallo (causa rol 2.321-2025), el magistrado Andrés Fraser Pinto estableció que la demandada incumplió deber de seguridad por lo que la condenó al pago de la suma de $11.000.000 por concepto de daño emergente, a la dueña del vehículo, más $1.000.000 por daño moral a quien lo conducía el día de la sustracción.
