Miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
El sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, nuevamente hizo noticia: esta semana hubo un joven fallecido y dos menores heridos de 11 y 13 años de edad, luego de una ráfaga de 150 tiros en una población del lugar. Se trata del mismo sitio que fue calificado hace más de una década en forma estigmatizadora el mayor guetto de Chile, por sus características: ser residencia de personas de bajos ingresos, que habitan en pequeñas viviendas de mala calidad constructiva (las casas de nailon), lo que conformó barrios alejados de los centros urbanos, sin parques ni servicios. Esto fomentó el hacinamiento, la falta de oportunidades y delincuencia.
Esta semana la Ministra de Obras Públicas dio a conocer la situación hídrica del país e indicó que está asegurado el consumo humano en la zona centro sur-del país. Sin embargo destacó que la situación más crítica se registra en la Región de Coquimbo. De los ocho embalses de la región, hay tan sólo un 16% de agua acumulada (206 millones de m3 de un total de 1.325 millones de m3).
El Indice de Calidad de Vida Urbana elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y la UC, muestra que más de una veintena de comunas tuvieron un empeoramiento en su calidad de vida, en áreas como vivienda, condiciones laborales, ambientes de negocios y socioculturales.
Durante décadas, los sucesivos gobiernos han postergado las inversiones significativas en infraestructura hídrica, ya sea por los tiempos de ejecución -que pueden durar más de 10 años desincentivando cualquier beneficio político-, por falta de recursos o, simplemente, porque no se ha tenido la convicción de que son necesarias. Sea cual sea la razón, en la actualidad hay sectores que están solicitando que se construyan embalses o plantas desaladoras, lo que ha dado origen a la Ley 21.639 para facilitar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de este tipo de infraestructura, pero además se incluyeron las soluciones basadas en la naturaleza.
En la semana de la construcción, los líderes del gremio señalaron que se deben priorizar 21 proyectos de obras públicas relevantes para Chile.
Este año se cumplen 60 años del programa de Agua Potable Rural (APR) creado por el Ministerio de Salud en 1964, luego del compromiso internacional de la XIII Asamblea Mundial de la Salud de 1959.
La Región de Coquimbo no se preparó adecuadamente para enfrentar la crisis hídrica que está viviendo hace años y que pronto se verá agudizada con la llegada del fenómeno meteorológico de “La Niña”. Los sectores público y privado no visualizaron adecuadamente lo que está ocurriendo y, si lo previeron, no tuvieron la capacidad de gestionar soluciones ante la emergencia, como tampoco de informar a la comunidad.
La última evaluación de desempeño ambiental de Chile entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante este mes no sorprendió, en particular, por el análisis que hace sobre la gestión del agua. Se hicieron sugerencias conocidas que ya han sido planteadas en al menos los últimos tres gobiernos.
Las ciudades crecen a medida que la población aumenta en el mundo. El desarrollo de la infraestructura gira en torno a más viviendas ante un déficit que no da tregua.
Una buena parte de los territorios rurales de Chile se abastece de agua a través de los 2.450 Servicios Sanitarios Rurales (SSR ex APR), reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pese a su importancia, estos se encuentran en extrema vulnerabilidad, administrativa y operacional debido a la escasez hídrica y a la compleja puesta en marcha del nuevo marco normativo de la Ley N°20.998 de 2020. La norma lleva tres años de aplicación y no se logran avances concretos.