José Ignacio Camus M.

El viejo refrán dice que "los negocios son negocios", pero ¿qué sucede cuando se cruzan con el ocio? Esa delgada línea entre una decisión profesional y una acción a lo menos cuestionable puede ser el inicio de un conflicto de interés, una vulneración de principios éticos y, en casos extremos, un problema legal. La clave está en gestionar estas situaciones con claridad, transparencia y un sólido modelo de compliance.

La promulgación de la denominada "Ley Antipillos" en Ecuador, formalmente "Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos", busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Sin embargo, ha desatado un amplio debate sobre la forma en que se diseñó, se promulgó y, sobre todo, el equilibrio entre sus beneficios y posibles consecuencias.

Con la entrada en vigor de la Ley N°2.595 sobre Delitos Económicos, las empresas, sus dueños y directivos se enfrentan a graves consecuencias, como multas, presidio y la disolución de la empresa, si no gestionan de manera efectiva los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Por ello, es fundamental redefinir y fortalecer la función de compliance en todo tipo de organizaciones, sin importar su tamaño. 

En un esfuerzo por reforzar la transparencia y la ética en las contrataciones públicas, la Contraloría General de la República (CGR) ha implementado una medida que exhorta a los proveedores contar con un modelo de integridad para poder participar en las licitaciones públicas. Este requisito subraya la importancia de una cultura organizacional basada en principios éticos y de cumplimiento.