La sede de Tarapacá detectó que la supervisión de la entidad edilicia fue insuficiente, por lo que no se pudo asegurar el cumplimiento de las exigencias técnicas, administrativas y contractuales del emblemático proyecto.
En el documento se observa la concurrencia de malas prácticas en las AFP para mantener controlada la cantidad de personas que se acogen al seguro; deficiencias en la fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones; rechazo de licencias médicas durante el proceso de calificación de invalidez; y la entrega de información parcial y errónea a los afiliados.
