Gabriel Caldes
La desalación de agua se ha instalado en nuestro país, particularmente en los sectores productivos de la minería y el consumo humano, concentrándose en un 99% en las regiones del norte. Esta macrozona reúne condiciones ideales para el desarrollo de esta tecnología, tal como sucede en países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Israel, ciertas zonas de España y de Estados Unidos.
La Región de Coquimbo enfrenta la crisis de escasez hídrica más grave en las últimas décadas. Los tres últimos gobiernos han declarado la necesidad de construir una planta desaladora multipropósito que garantice un suministro estable de agua potable para la conurbación Coquimbo-La Serena y, potencialmente, para Ovalle.
Esta semana la Ministra de Obras Públicas dio a conocer la situación hídrica del país e indicó que está asegurado el consumo humano en la zona centro sur-del país. Sin embargo destacó que la situación más crítica se registra en la Región de Coquimbo. De los ocho embalses de la región, hay tan sólo un 16% de agua acumulada (206 millones de m3 de un total de 1.325 millones de m3).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último Informe de Desarrollo Humano Chile 2024 se pregunta ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué se entrampan cambios demandados largamente por la ciudadanía y cuya necesidad es avalada por el conocimiento experto?
Durante décadas, los sucesivos gobiernos han postergado las inversiones significativas en infraestructura hídrica, ya sea por los tiempos de ejecución -que pueden durar más de 10 años desincentivando cualquier beneficio político-, por falta de recursos o, simplemente, porque no se ha tenido la convicción de que son necesarias. Sea cual sea la razón, en la actualidad hay sectores que están solicitando que se construyan embalses o plantas desaladoras, lo que ha dado origen a la Ley 21.639 para facilitar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de este tipo de infraestructura, pero además se incluyeron las soluciones basadas en la naturaleza.
Este año se cumplen 60 años del programa de Agua Potable Rural (APR) creado por el Ministerio de Salud en 1964, luego del compromiso internacional de la XIII Asamblea Mundial de la Salud de 1959.
La Región de Coquimbo no se preparó adecuadamente para enfrentar la crisis hídrica que está viviendo hace años y que pronto se verá agudizada con la llegada del fenómeno meteorológico de “La Niña”. Los sectores público y privado no visualizaron adecuadamente lo que está ocurriendo y, si lo previeron, no tuvieron la capacidad de gestionar soluciones ante la emergencia, como tampoco de informar a la comunidad.
La última evaluación de desempeño ambiental de Chile entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante este mes no sorprendió, en particular, por el análisis que hace sobre la gestión del agua. Se hicieron sugerencias conocidas que ya han sido planteadas en al menos los últimos tres gobiernos.
La Región de Coquimbo es la más afectada del país por la escasez hídrica, según el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas: en los últimos 5 años se han registrado precipitaciones bajo lo normal y los embalses tienen solo un 12% de agua. Por otra parte, las cifras oficiales indican que la producción de fruta ha disminuido entre un 40 y un 65% en el último año, generándose restricción al consumo humano y pérdidas de cultivos.
Para Chile, el mayor impacto del cambio climático no es la emisión de los GEI, del cual generamos solo el 0,25% del planeta y además nos comprometimos internacionalmente a ser un país carbono neutral en 2050. Esta decisión ha permitido la asignación de recursos, modificaciones normativas y de gobernanza. Pero sabemos que el impacto más crítico es la prolongada falta de agua, que tiene serias consecuencias para la población y el desarrollo.
Una buena parte de los territorios rurales de Chile se abastece de agua a través de los 2.450 Servicios Sanitarios Rurales (SSR ex APR), reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pese a su importancia, estos se encuentran en extrema vulnerabilidad, administrativa y operacional debido a la escasez hídrica y a la compleja puesta en marcha del nuevo marco normativo de la Ley N°20.998 de 2020. La norma lleva tres años de aplicación y no se logran avances concretos.