Eric Latorre
El gobierno de Chile, puso término a la misión del Embajador en Venezuela, argumentando la "evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024", donde Nicolás Maduro asumió –el pasado viernes- por tercer período como Primer Mandatario de ese país, tras un polémico proceso electoral calificado unánimemente como fraudulento.
A propósito de la firma de la declaración conjunta de los gobiernos de Argentina y El Salvador, para la lucha contra el crimen organizado transnacional (COT), y más allá de su tono represivo, muestra una voluntad política de enfrentar el tema.
La promulgación de la ley que modifica el código penal y el código procesal penal, que permitirá procesos más eficientes, protección de fiscales, jueces, víctimas y policías, penas más estrictas para reincidentes entre otros aspectos, es un avance importante en la lucha contra el crimen, pero si observamos el panorama en perspectiva nos daremos cuenta de que la gestión del gobierno está al debe.
Su candidatura presenta algunos problemas y oportunidades. Entre los primeros, su historia “progresista”, por lo que necesita un discurso más inclusivo hacia el centro y un vicepresidente que capte votos en ese sector y en aquellos que no se sientan cómodos con Trump.
El próximo domingo 28 de julio se desarrollará un nuevo acto electoral en Venezuela, donde por enésima vez la oposición intentará derrotar a la dictadura de Maduro, en un proceso que ya está viciado por diversas razones, desde la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado; la persecución y hostigamiento permanente a la oposición; las restricciones para el voto de los venezolanos en el extranjero (que en la práctica hacen casi imposible el voto del 25% del padrón electoral) y la captura del poder electoral a través del control total del Consejo Nacional Electoral, todo ello culminando con la amenaza directa de Maduro que de ganar la oposición habrá un baño de sangre y una guerra civil.
A propósito de la polémica levantada entre el gobierno y la alcaldesa Evelyn Matthei sobre la grave situación derivada de la penetración en Chile del Crimen Organizado Trasnacional (COT), caben algunas reflexiones relevantes que el gobierno está desconociendo o, al menos, minimizando.
Las desafortunadas intervenciones del embajador en España, Javier Velasco, han vuelto a poner en el tapete una vieja discusión sobre la necesaria competencia de una autoridad de gobierno. El concepto de “competente” según la RAE indica “[persona] que tiene capacidad y preparación para el desarrollo de una actividad”.
El índice de la calidad de la democracia publicado por The Economist, que nos ubicó como “democracia defectuosa”, debe llevarnos a la reflexión, no sin antes precisar que Chile ha estado solo en tres ocasiones (desde 2006) en el sitial de privilegio de “democracia plena”, con las excepciones de los años 2019, 2020 y 2022, lo que coincide con el proceso de estallido social y primer proceso constituyente.
La crisis de seguridad es el problema de Estado más importante que enfrenta nuestro país en la actualidad. El crimen organizado trasnacional (COT) se está instalando en el continente y en Chile, con la operación de grandes organizaciones delictuales: el Clan del Golfo de Colombia, los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y los venezolanos Tren de Aragua.
Lo ocurrido en Ecuador, debe ser una voz de alerta para la región y especialmente para Chile, el crimen organizado transnacional tiene un “modelo de negocio”, que se replica de manera similar en cada país que opera, es por ello que llaman la atención los dichos de la ministra del Interior, que se leen peligrosamente en la línea de la negación. Analicemos solo algunos aspectos que nos deben llevar a la reflexión.
El escándalo por las reuniones sostenidas por ministros del gobierno y representantes del empresariado en la casa de un conocido lobbista, responde a una cuestión de fondo y tiene que ver con los cuestionables estándares existentes en materia de transparencia y accountability.
El escándalo del caso Hermosilla debe llevar a una profunda reflexión sobre los niveles de corrupción en nuestra sociedad y en la Administración del Estado (más allá de ser ciertos o no los hechos que estarían ocurriendo en el SII y en la CMF).
La presentación de enmiendas por parte del Consejo a la propuesta constitucional del Comité de Expertos, es un hito que marca un punto de quiebre, primero, la derecha presenta propuestas por separado ya que todos los partidos necesitan diferenciarse para posicionarse con miras a los próximos procesos electorales; segundo, Republicanos es fiel a su línea estratégica, aferrándose a su discurso, ethos y a sus electores más duros, más allá de los réditos de corto plazo que pueda obtener en el plebiscito (se les debe reconocer que tienen una mirada de futuro, un bajo nivel de convicción sobre el proceso y la necesidad de una nueva Constitución, aunque Kast la necesite para sus aspiraciones presidenciales).