Américo Ibarra Lara

El debate sobre la expansión versus la densificación de las ciudades, lleva décadas y es un tema de preocupación no solo en Chile, sino también en países desarrollados. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y la pandemia han influido a que los ciudadanos, que solían concentrarse en las zonas urbanas, prefieran reubicarse en zonas periféricas, suburbios o ciudades satélites en busca de mejores precios, condiciones y calidad de vida, que incluyen más espacio, privacidad y tranquilidad.

En el imaginario colectivo y en particular post estallido social se instaló la idea que era necesario reconocer y otorgar rango constitucional al derecho a la “vivienda adecuada” (Art N° 14, Numeral 29) y por tanto una parte de la sociedad valoraba se otorgara le otorga una categoría a nivel de un “derecho fundamental”.

La intervención estatal en el mercado de la construcción es crucial para satisfacer las necesidades de vivienda de la población, promover la movilidad social, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social. Además, el sector de la construcción desempeña un papel significativo en la economía, contribuyendo aproximadamente al 7% del PIB y en el empleo es cercano al 8% de la fuerza de trabajo.

El Ministerio de Vivienda se encuentra ante un importante desafío para el año 2024, con un aumento del 11,9% en su presupuesto anual que representa un gasto cercano a los 4,92 billones de pesos destinados al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este plan tiene como objetivo la construcción de más de 78 mil viviendas el próximo año, con un presupuesto de $3.59 billones, lo que representa el 73% del total.