Paulo Muñoz-Antonia Bordas

Tras la COP-29, celebrada en Azerbaiyán, el desafío global de convertir los acuerdos en acciones concretas resuena con fuerza en Chile. El “Pacto para el Futuro”, adoptado como resultado de esta cumbre, establece un marco ambicioso para enfrentar el cambio climático, promover la justicia social y desarrollar infraestructura sostenible. En este contexto, la participación ciudadana se destaca como un eje fundamental para materializar esas metas.

Chile enfrenta desafíos cruciales en la planificación y desarrollo de infraestructura, claves para su crecimiento económico y bienestar social. La reserva de terrenos para proyectos estratégicos, como puertos, plantas de desalinización y líneas de transmisión eléctrica, es fundamental para garantizar la continuidad del desarrollo y la resiliencia del país ante retos globales y locales.

Chile, un país emplazado en una zona de alta sismicidad y con una realidad climática cada vez más extrema, como pudimos ver con las últimas lluvias, se enfrenta a un desafío crucial: construir infraestructura resiliente. Entendemos resiliencia como la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse de eventos adversos, lo que se vuelve imperativo para garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo sostenible.

Monumentos como la Catedral Metropolitana de Santiago, costaneras como la de Valdivia, muelles históricos como el de Antofagasta o parques emblemáticos como el de la Familia y el inundable Víctor Jara, son ejemplos de cómo la infraestructura puede trascender su rol utilitario y generar identidad, fomentan el arraigo y el sentido de pertenencia a una comunidad, y se convierten en escenarios de la vida cotidiana, donde se celebran eventos, se comparten historias y se construye memoria colectiva.