El encuentro, agendado para revisar asuntos presupuestarios, abrió la posibilidad de continuar con un trabajo más técnico entre profesionales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y de la Dirección de Presupuesto.
La propuesta busca evitar que los clientes que presentan mayores dificultades en la adopción de mecanismos de autenticación alternativos a la tarjeta de coordenadas, queden impedidos de realizar sus operaciones financieras a partir del 1° de agosto de 2026.
Lo anterior implica que, sin control técnico, no se puede asegurar que los datos no hayan sido alterados por error o de forma intencional, ni tampoco se puede saber quién hizo modificaciones.
Lo anterior implica que, sin control técnico, no se puede asegurar que los datos no hayan sido alterados por error o de forma intencional, ni tampoco se puede saber quién hizo modificaciones.
El documento aborda obligaciones respecto de declaraciones de intereses y patrimonio, administración de bienes, lobby, prescindencia política y la obligatoriedad de realizarse test de drogas.
