Danielle Danko

La reciente victoria electoral de José Antonio Kast abre un nuevo capítulo para el sector energético en Chile. Tras años de una expansión explosiva de las energías renovables variables, el país se encuentra en una encrucijada: cómo mantener el liderazgo verde sin sacrificar la estabilidad del sistema ni la competitividad de las tarifas. Lo que se espera de este nuevo gobierno no es solo continuidad, sino una reingeniería de la gestión estatal para que el potencial natural se traduzca en desarrollo económico real.

El informe más reciente de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), presentado en la COP30, es una llamada de atención para Sudamérica. La región, con un potencial renovable inigualable, avanza a paso lento. Mientras se estima que necesita alrededor de US$500 mil millones anuales hasta 2050 para cumplir sus compromisos climáticos, en 2024 apenas captó el 2,5% de la inversión global en transición, unos US$58 mil millones. La brecha no solo es inmensa, sino que representa una cuenta regresiva que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

Chile se posiciona en el centro de una de las transformaciones más trascendentales de nuestra era: la transición hacia una economía descarbonizada. En la última década, el país ha redefinido su panorama energético con reformas audaces y visión de largo plazo. Hoy no es solo un mercado prometedor, sino un referente global sobre cómo alinear políticas públicas, inversión privada e innovación para acelerar la energía limpia.