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Carlos Zeppelin |
Frente al escenario de desaceleración global provocado por las tensiones comerciales lideradas por Estados Unidos, Chile enfrenta un 2025 con proyecciones de crecimiento más moderadas de lo previsto. En este contexto, invertir en infraestructura no solo dinamiza el empleo en el corto plazo, sino que fortalece la alianza público-privada, impulsa el desarrollo regional, mejora la competitividad del país y, una vez concluidas las obras, transforma positivamente la calidad de vida de millones de personas. Es, en suma, una herramienta esencial para reactivar la economía con mirada de futuro y responsabilidad social.
Recientemente, representantes de los sectores de desalación y energía acudieron al Senado para exponer la necesidad urgente de reformar el sistema de permisos requeridos para materializar infraestructura clave. Un ejemplo paradigmático es el proyecto de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que requiere obtener 4.941 autorizaciones para avanzar en su construcción.
En las próximas semanas, las elecciones de gobernadores y consejeros regionales serán una oportunidad para que las nuevas autoridades impulsen proyectos de infraestructura clave que potencien el desarrollo de las regiones.