El Tratado de los Océanos entra en vigor el 17 de enero tras ratificarlo 81 países y sin el apoyo de EE.UU.

El acuerdo busca preservar y garantizar un uso sostenible de dos tercios de los océanos

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tratado Global de los Océanos (también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés) entrará en vigor el 17 de enero tras reunir la firma de 145 países y la ratificación de 81. Si bien Estados Unidos (EEUU) firmó el acuerdo bajo la Administración Biden, continúa sin ratificarlo. De hecho, la Administración Trump acaba de sacar el país de varias organizaciones internacionales relativas entre otras cosas a la lucha contra el cambio climático, los océanos y el agua.

En este marco, representantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Alianza de Alta Mar y Greenpeace han puesto en valor el BBNJ y han transmitido sus expectativas con respecto a lo que se pueda conseguir en la primera Conferencia de Partes, que se debe celebrar en un año.

El acuerdo se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza el marco legal para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, según la organización internacional. Aporta así un marco para la cooperación entre los países y otros actores que será "crucial" para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.

El pacto aspira a "un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (...) en beneficio de toda la Humanidad". Además prevé la creación de zonas protegidas para preservar hábitats vitales, especies protegidas y fondos marinos o la necesidad de evaluar el impacto de actividades económicas. A su vez, busca crear un marco legal internacional para evaluar el impacto de actividades en alta mar y sus consecuencias para el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos.

Por último, quiere facilitar la cooperación y la transferencia de tecnología marina para ayudar a las Partes, en particular a los países en vías de desarrollo, a que cumplan los objetivos del acuerdo. A su vez, recoge también una base para financiar las medidas previstas y un mecanismo para resolver disputas.

El texto es fruto de una serie de discusiones que comenzaron en 2004. Los últimos dos años --los que se ha tardado en conseguir el mínimo de 60 ratificaciones para que entrara en vigor-- han coincidido con una etapa en la que las discusiones sobre el cambio climático están siendo postergadas o torpedeadas por gobiernos como el de EEUU, según denuncian recurrentemente las ONG.

Según la gerente senior del Programa del equipo de Océanos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la doctora Heidi Weiskel, la ciudadanía entiende la necesidad de proteger el océano a la vista de que "si no protegemos la alta mar, ponemos en peligro no solo el océano y sus especies, sino también nuestro propio bienestar. De hecho, no podemos sobrevivir en la Tierra sin un océano sano. Nos proporciona alimentos marinos y productos de los que dependemos para nuestra supervivencia, y además regula nuestro clima".

"Las acciones concretas que podemos tomar (...) tienen un impacto tangible en la disponibilidad de alimentos marinos y su protección. Esto es diferente a la necesidad de proteger el clima, que es igualmente importante, pero más difícil de visualizar y comprender", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

A su vez, ha destacado el trabajo "espectacular" de las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales durante las discusiones que han dado lugar a este tratado. "No es que eso no sea cierto en el ámbito climático, pero creo que ha habido un esfuerzo concertado realmente valioso para identificar esta zona tan específica (como el Alta Mar)", ha añadido.

Aunque aún hay "muchas decisiones logísticas y organizativas que probablemente deban tomarse" con respecto a la primera Conferencia de Partes, Weiskel se muestra "emocionada" ante el hecho de que ya haya "muchas entidades diferentes que desean presentar propuestas para áreas protegidas". "Todavía queda mucho por determinar, (...) pero tengo plena confianza en que lo resolveremos todo", ha destacado.

Las metas de los acuerdos internacionales ambientales suelen alcanzarse décadas después de su entrada en vigor. Sin embargo, la experta ha apuntado a que, por ejemplo, se podría observar una recuperación de algunas especies de alta mar si gracias al BBNJ cesan algunas de las amenazas más fuertes que pesan sobre ellas.

"Sé que es muy optimista verlo en un par de años, pero es notable la rapidez con la que algunas comunidades y especies marinas se recuperan cuando se liberan de esas presiones inmediatas tan intensas", ha puntualizado.

Asimismo, también ha indicado que la biodiversidad marina podría registrar beneficios si se reduce la velocidad de las embarcaciones y el ruido en los corredores migratorios de algunas especies. En general, el acuerdo podría dar un descenso de las conductas ilegales en Alta Mar. "Creo que si asistimos a la Conferencia de Partes con buenas intenciones y nos centramos en ello, podemos ver beneficios incluso a corto plazo", ha recalcado.

DECISIONES POR MAYORÍAS DE TRES CUARTOS

Una de las organizaciones que más se ha movilizado a favor del tratado ha sido la Alianza de Alta Mar, de la que forma parte la propia UICN. Para la asesora de Estrategia y Coordinadora de la Unión Europea (UE) de la organización, Nathalie Rey, este acuerdo es un "gran testimonio del multilateralismo" y una muestra de que en estos tiempos difíciles "podemos juntarnos y hacer algo bueno para el planeta".

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, la entrada en vigor de este acuerdo se debe a la "dedicación" de un grupo de países, pero también al "fuerte elemento de equidad" del texto". "No sólo gira en torno a la conservación, sino también a la equidad, la justicia y la distribución de beneficios, y creo que eso también ha sido una fuerza impulsora clave", ha puntualizado.

Entre otras cosas, la experta ha señalado un detalle "innovador" del acuerdo. La Conferencia de Partes puede tomar una serie de decisiones, como por ejemplo sobre el establecimiento de herramientas de gestión basadas en áreas. Cuando no se pueda alcanzar el consenso, se podrán tomar decisiones por una mayoría de tres cuartos.

QUE ESPAÑA LIDERE O APOYE LA PROTECCIÓN DE ZONAS

España fue el primer país de la UE en ratificar el tratado, algo que hizo el 4 de febrero en un acto en el que la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, compartió escenario con representantes de, entre otras ONG, Greenpeace.

La responsable de la campaña de Océanos de la organización, Ana Pascual, ha calificado el tratado en declaraciones a Europa Press como "un acuerdo fundamental", aunque considera que se tendría que haber conseguido antes su entrada en vigor.

Desde su punto de vista, el acuerdo ha salido adelante porque es "súper necesario". "Quiero creer que en conjunto los países somos conscientes de que sin unos océanos sanos nuestra vida se pone en peligro", ha recalcado.

Entre otras cosas, la portavoz ha destacado que el BBNJ permitirá que se pueda proteger al menos el 30% de los mares de océanos para 2030, para lo que hay que proteger una extensión de "más de doce millones de kilómetros anuales", es decir, una Canadá por año.

De cara a la primera Conferencia de Partes, la ONG ha identificado varias zonas prioritarias en este aspecto, una de ellas cercana a España: un área de convergencia de las corrientes de Canarias y de Guinea que está frente a la costa occidental de África.

"Queremos que el Gobierno lidere o al menos apoye la protección de esta zona y de otras que se vayan a proponer. Vamos, que cuantos más apoyos tengamos, pues mejor, más rápido irá todo y más rápido conseguiremos alcanzar el objetivo 3030", ha finalizado.